El fiscal solicita sendas penas de ocho años de inhabilitación para el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, y otros cuatro procesados por un delito de prevaricación por las obras del aparcamiento del Jardín de Monforte, según confirmaron a Levante-EMV fuentes próximas al caso. La Fiscalía ha elevado el escrito de acusación una semana después de que el magistrado José Luis Albiñana procesara a Bellver y al secretario del Ayuntamiento de Valencia Pedro García Rabasa, una arquitecta y dos jefes de servicio municipales. Fuentes cercanas a Bellver aseguraron que la decisión de la Fiscalía "es papel mojado si la Audiencia lo archiva" y mostraron su extrañeza por "la rapidez con la que ha actuado el fiscal". Bellver mantiene la teoría de que la acusación responde a intereses políticos y electorales.
El fiscal considera que el concejal y el resto de imputados podrían haber cometido un delito de prevaricación por autorizar las obras para construir el aparcamiento subterráneo existente bajo la calle Severo Ochoa sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. El informe era necesario porque el Jardín de Monforte está declarado como Bien de Interés Cultural -BIC- desde la década de los noventa.
La Fiscalía ha asumido prácticamente por completo los argumentos del magistrado Albiñana en su auto de procesamiento. José Luis Albiñana, que fue presidente del Consell preautonómico con el PSPV antes de la victoria de Lerma, apuntó en el auto que los imputados eran conscientes de que obraban de forma irregular -hecho que castiga el delito de prevaricación- porque en otros expedientes de actuaciones similares sí que se pidió la autorización a la Conselleria de Cultura. El ejemplo más claro, según la Fiscalía y el juez instructor, son las obras de la Clínica Quirón, que están en el mismo entorno BIC. El expediente de las obras de la Quirón fue aprobado por Jorge Bellver un año antes que el del aparcamiento subterráneo y sí incluía el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio. Enrique Ortiz logró la adjudicación de la construcción del aparcamiento y la licencia es de 2004.
La Fiscalía inició la investigación contra Bellver tras recibir una denuncia de la asociación cultural Cercle Obert de Benicalap. El colectivo vecinal reaccionó después de que el Ayuntamiento de Valencia decidiera derribar parte del muro que protege el Jardín de Monforte para sustituirlo por una verja de hierro alegando necesidad de aireación de las especies arbóreas. El nivel freático obligó a las empresas constructoras del aparcamiento de la calle Severo Ochoa a envolver el garaje en un cajón de hormigón que provoca la acumulación de humedad en el jardín y ocasiona serios daños en las plantas. Cercle Obert descubrió en ese momento que para la construcción del aparcamiento no se había pedido el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio e interpuso la denuncia contra el concejal de Urbanismo, que en su día firmó el proyecto como teniente de alcalde del área y no como edil de Circulación.
Jorge Bellver reconoció ante el juez que no se pidió el informe de Patrimonio. El concejal aseguró que se limitó a firmar un expediente que contaba con todos los avales técnicos necesarios.
El magistrado ya advirtió en su auto de que la conducta de los imputados "es merecedora de reproche penal" porque la decisión de autorizar las obras sin el informe no puede justificarse en el desconocimiento. Albiñana incidió en el auto en que las respuestas de los imputados estaban orquestadas y consideró "insólito" que Bellver se diera por enterado de la necesidad del informe de Patrimonio el día que compareció en el juzgado para declarar. El magistrado, al igual que el fiscal, entiende que los cinco procesados prevaricaron porque obviaron la intervención de la conselleria "a sabiendas de la protección especial que tenía el entorno en donde se iban a realizar las obras".
El magistrado puede decretar la apertura de juicio oral sin esperar a que la Audiencia de Valencia resuelva el recurso que presentó Bellver contra el procesamiento.
El concejal está convencido del archivo
El caso está ahora pendiente del recurso que presentó Bellver contra la decisión del juez de procesarlo. Fuentes judiciales confirmaron que la Sección Segunda todavía no ha recibido el escrito con los argumentos del concejal de Urbanismo, que insiste en que es objeto de una persecución por parte de la Fiscalía y del magistrado instructor. Bellver ya denunció que "el ex presidente socialista de la Generalitat" y titular del juzgado de Instrucción número Uno actuaba al dictado del Ministerio Fiscal. Fuentes cercanas al concejal insistieron ayer en que está convencido de que la Audiencia acabará por archivar la causa. R. f. valencia
