La Justicia lleva camino de poner un punto final prematuro a la brillante carrera política de Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, quien tuvo a su alcance incluso heredar el trono de Rita Barberá cuando ésta deje la alcaldía, dentro de unos doscientos años. Errores propios y ajenos y una coyuntura política valenciana y nacional endiabladas otorgan tintes dramáticos al auto del juez Josep Lluis Albinyana que le imputaba por un presunto delito de prevaricación y al escrito del fiscal que pide ahora ocho años de inhabilitación como cargo público para uno de los valores más sólidos del Partido Popular en Valencia por su intervención administrativa (nada de corrupción, nada de dinero) sobre el Jardín de Monforte.

Se equivocó Bellver, y se equivoca con él casi todo el gobierno municipal, al proyectar el derribo de parte del histórico jardín y quebrar su historia de huerto cerrado para facilitar la aireación de las especies de su interior. La polémica que desató el plan municipal dejó al descubierto que había que airear más las raíces de los árboles monumentales porque se había alterado su régimen vital con la gran losa de hormigón que los separa del garaje subterráneo de la calle Severo Ochoa. Y escarbando más salió a la luz que en los trámites de autorización del aparcamiento se había omitido el preceptivo permiso de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, imprescindible por la proximidad del jardín monumental.

En esa omisión de trámite radica la supuesta prevaricación de Bellver. Su perseverancia en la defensa del derribo del muro no hizo más que dar alas a sus detractores. Luego llegaron los apoyos de los compañeros, que casi siempre son los peores. El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau defendía a su colega destacando que el muro que se pretende tirar "es de hormigón", aunque a renglón seguido admitía que el proyecto de derribo quedaba paralizado. La alcaldesa cargó contra los fiscales y habló de persecución, y algún francotirador mantuvo después que el juez había debido abstenerse porque, además de que le tienen mucha manía, la jurisdicción penal no debería actuar en el caso de la autorización de unas obras, que eso es competencia de lo contencioso-administrativo. Cuando el argumento aún estaba caliente en el debate, la alcaldesa y el vicepresidente del Consell, Juan Cotino, arramblaron con esa florecilla al presentar una querella -penal- contra la ministra González Sinde por dictar una resolución que estima que hay expolio al patrimonio protegido en el plan municipal para el Cabanyal que incluye la prolongación de Blasco Ibáñez. Ya no había contencioso-administrativo que valiera.

Y para colmo, la número dos de Tomás Gómez en el PSOE de Madrid es condenada por prevaricación junto a otros seis concejales de Torrejón de Ardoz a ocho años de inhabilitación por aprobar una operación urbanística ilegal. No pasa día sin que los más preclaros portavoces de los populares exijan responsabilidades para con Trinidad Rollán tras una condena que en Valencia no se ha producido. Pero cada frase sobre el asunto complica aún más la carrera de Bellver en pleno proceso de listas.