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La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado el deslinde realizado por el Ministerio de Medio Ambiente entre las golas del Pujol y el Perellonet, lo que en la práctica supone devolver al Ayuntamiento de Valencia más de un millón de metros cuadrados de terreno repartidos a los largo de 7,1 kilómetros de litoral del Parque Natural de la Devesa Albufera. La Audiencia no dice si los terrenos deslindados merecen, por su situación y morfología, ser dominio público o no, simplemente dice que la memoria del deslinde justifica que la línea vaya pegada a la playa y, sin embargo, esa línea se trazó mucho más adentro, es decir, cogieron más terreno del que ellos mismo justificaban. El concejal Alfonso Novo asegura que esta sentencia es un éxito de los valencianos, que se han gastado hasta 70 millones de euros en esta zona del Parque Natural de la Devesa-Albufera.

Según recoge la sentencia de la Audiencia Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, en la orden de 11 de febrero de 2008 que deslinda el tramo de litoral entre las golas del Pujol y el Perellonet, explicaba que "forman parte del dominio público la zona de playa, el conjunto dunar y terrenos anteriormente deslindados", quedando fuera de la "delimitación de playa" la "depresión central (mallada) que separa los dos grandes conjuntos dunares", debido básicamente a la "presencia de limos y arcillas y las dificultades de drenaje".

Más claramente, la memoria del ministerio dice que "la línea de deslinde propuesta sigue la alineación aproximada al pie de la duna móvil que discurre junto al mar, paralela a la costa, dejándose fuera del dominio público marítimo terrestre la zona de malladas o zona interdunar (depresión central) que existe entre ésta y la siguiente duna interior que se considera estabilizada".

Sin embargo, a la hora de trazar la línea el ministerio no sigue estos criterios y coge todos los terrenos, tanto las dunas exteriores como las malladas y las dunas interiores. Eso incluye el lago artificial del Saler, que es de agua dulce, y el parador nacional, la única construcción afectada, aunque de propiedad estatal.

Una contradicción

Ante esta decisión, el ayuntamiento presentó un recurso advirtiendo de esa contradicción. "La grafía de los planos es incompatible con lo que se ha dicho en la memoria y en el estudio geomorfológico", decía el consistorio, que cree que "la línea de deslinde debe situarse por el primer cordón dunar", no por los viales interiores, como se ha hecho.

Y al final, la Audiencia Nacional le ha dado la razón. Según el fallo, "no puede confirmarse una orden aprobatoria de deslinde que dice basarse en una documentación que dice lo contrario a lo aprobado definitivamente".

Es más, recuerda que en la resolución del deslinde de Pinedo la memoria decía exactamente lo mismo que en este caso y la línea se trazó justo por la playa, como proponía el ayuntamiento.

La sentencia, eso si, hace una aclaración importante. "Este argumento -precisa- no puede entenderse como que las malladas o la depresión central o la cadena interior de dunas deban o no ser consideradas dominio público. De lo que se trata es de que la orden aprobatoria del deslinde debe estar conforme con el contenido de la documentación que le sirve de base".

Satisfacción municipal

En cualquier caso, Alfonso Novo aseguró sentirse muy satisfecho de la decisión de la Audiencia Nacional, pues supone devolver a todos los valencianos una propiedad centenaria en la que se han invertido 70 millones de euros en los últimos años.

El concejal entiende, además, que es una decisión lógica, pues el interés del deslinde es garantizar la protección de unos terrenos y éstos gozan de "la más alta posible". Según recordó, este tramo de litoral, dominado por la playa de la Devesa, está protegido por el plan general de ordenación urbana, es considerada lugar de interés comunitario, zona de especial protección de aves, y se encuentra en la lista de gumedales protegidos y en el Catálogo de montes de utilidad pública.

La pena, según Novo, es que para resolver este asunto se haya tenido que llegar a los tribunales y no se hiciera con el diálogo entre administraciones. En este sentido, recordó que el Gobierno se comprometió a celebrar una reunión monográfica sobre el tema que luego no se hizo y que la alcaldesa, Rita Barberá, se dirigió al presidente del Gobierno y no ha tenido respuesta.