El cerco se estrecha en torno a Jorge Bellver. El juzgado de instrucción número 1 de Valencia acordó ayer la apertura de juicio oral contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y cuatro funcionarios municipales por un delito de prevariación urbanística y administrativa. El concejal del PP ha sido procesado por la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte sin la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio al afectar a un Bien de Interés Cultural. El eterno sucesor de Barberá se enfrenta a una pena de inhabilitación para cargo público de ocho años.
En un auto de 27 de enero, el juez José Luis Albiñana remite el caso Monforte al juzgado de lo penal al que señala como administración competente. Expone que su petición se produce después de que el fiscal solicitase la apertura de juicio contra Bellver.
Que le retiren competencias
Los grupos políticos han reclamado a la alcaldesa, Rita Barberá, que releve de sus competencias al concejal mientras se resuelve el juicio. Ayer, la portavoz del PSPV, Carmen Alborch, volvió a pedirlo. Lejos de esto, la alcaldesa anunció la semana pasada que el concejal procesado por prevaricación irá en lugar "preferente" en su lista para las elecciones del próximo 22 de mayo.
Las consecuencias del juicio podrían ir más allá de la inhabilitación de Bellver. En el auto, el magistrado emplaza al Ayuntamiento de Valencia a presentar un escrito de defensa ante las posibles responsabilidades que podrían derivarse del proceso. Si el juez declara nula la licencia del aparcamiento de Severo Ochoa podría obligar al consistorio, como responsable civil subsidiario, a demoler el garaje y restituir el entorno protegido de Monforte a su estado anterior. Un supuesto que remite a la polémica intervención del teatro Romano de Sagunt.
El juez, que no pide medidas cautelares y deja en libertad a los acusados, les emplaza a que comparezcan en el plazo de tres días. Albiñana da traslado de las actuaciones a las defensas de los acusados para que en un plazo de 10 días presenten sus escritos de defensa. El auto indica que contra el mismo no cabe recurso a excepción del aspecto relativo a la situación personal de los acusados.
Auto "insólito y extravagante"
La respuesta de Bellver no se hizo esperar y ayer, a través de un comunicado, aseguró que el auto "confirma la persecución política a la que estoy siendo sometido". Bellver y Rita Barberá aseguran que el juez (que fue presidente socialista de la Generalitat) actúa "al dictado" del ministerio fiscal. Según el concejal, en su caso se está siguiendo una "práctica procesal totalmente excepcional y fuera de los cauces habituales en la Administración de Justicia". Según Bellver, ningún juzgado de instrucción dicta auto de apertura de juicio oral cuando hay presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que, de ser estimado, supondría la nulidad de las actuaciones y el archivo de la causa.
El concejal ha recurrido su auto de procesamiento, que a su vez recurrió el fiscal, quien hizo su escrito de petición de condena (inhabilitación de 8 años) sin esperar a que se resolviera el recurso. El recurso, que el edil presentó el 13 de enero, todavía no ha llegado a la audiencia.
Bellver aseguró ayer que el juzgado "no está actuando conforme a la costumbre procesal ni de manera respetuosa para con la Audiencia". El proceder de Albiñana, apunta Bellver, "condiciona en cierta medida la actuación de la Audiencia". A pesar de esta actuación "insólita, extravagante e inusual", el concejal dijo que "sigo confiando plenamente en la Justicia con mayúsculas y en el Estado de Derecho como garante de los principios constitucionales que nos asisten a todos los ciudada".
Funcionarios temerosos de ser sancionados
Los cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Valencia que tendrán que sentarse en el banquillo son el secretario del ayuntamiento, Pedro García Rabasa, y tres jefes de servicio del área de Urbanismo: Juan Casany Morell, Mª José Gasull y Juan Antonio Altés. Este último es el jefe de Planeamiento del consistorio y ha sido el único de los imputados que ha presentado un recurso de reforma ante el juez Albiñana. El resto de funcionarios y el propio Bellver recurrieron por la otra vía posible, esto es, ante la Audiencia Provincial.
En su recurso Altés señala que no se ha corregido el acto administrativo que olvidaron los funcionarios (pedir autorización a la Dirección General de Patrimonio) para no incurrir en una falta grave o muy grave.
