La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas han suscrito el Manifiesto de Valencia, en el que reclaman una reforma de la ley que concilie los derechos individuales con que las playas deben ser públicas y de uso libre y gratuito para todos los ciudadanos.
Esta Plataforma ha celebrado este viernes la I Jornada de Estudio sobre la ley de costas con la presencia de cerca de 300 afectados provenientes de toda España y se ha debatido acerca de posibles soluciones y reformas a una ley que afecta a más de 2.000 familias y unas 8.000 personas, según han informado en un comunicado.
El colectivo ve "avances positivos" desde que Rosa Aguilar y Pedro Antonio Ríos accedieron al Ministerio de Medioambiente y a la Dirección General de Costas respectivamente. No obstante, considera que la aplicación retroactiva una ley restrictiva de derechos, como es la ley de costas, "vulnera la Constitución y socava las bases de la convivencia".
Entre los ponentes de la jornada ha destacado la presencia del ex subdirector General de Costas, Francisco Montoya, como redactor en su momento del reglamento de costas, que ha analizado la ley desde diferentes perspectivas y ha manifestado la necesidad de que todos los agentes implicados puedan entenderse".
Durante la jornada también se ha proyectado un video de la europarlamentaria británica Diana Wallis en el que la política inglesa ha denunciado la "inseguridad jurídica y los abusos administrativos a los que se han visto sometidos ciudadanos europeos en España por la aplicación de esta ley".
Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento de Canarias y presidenta del Partido Popular en Tenerife, Cristina Tavío, ha analizado la aplicación que se ha hecho de la ley de costas en las islas, "donde se aplica Ley de Costas como una herramienta de propaganda y demagogia, atropellando los derechos de nuestra gente".
Por su parte el portavoz de la Plataforma de Afectados, el abogado José Ortega, ha incidido en la necesidad de buscar formulas para luchar contra "los abusos generados por la aplicación abusiva, no igualitaria y retroactiva de la ley de costas".
Además, ha señalado que "desde que accedió al cargo Rosa Aguilar la actitud del Ministerio de Medioambiente es mucho más dialogante y positiva. El nuevo Director de Costas Pedro Antonio Ríos también está haciendo una gran labor y se ha mostrado interesado por resolver la situación de las miles de familias que actualmente se encuentran afectadas por esta ley", concluyó Ortega.
Por ello, los afectados reclaman "cambios razonables" en la ley de costas, "imprescindibles ajustes" en su reglamento y un cuerpo de funcionarios que "entiendan que están al servicio de los ciudadanos y que comprendan que en un gran número de casos el avance del dominio público constituye la expropiación de bienes legítimamente adquiridos".
Asimismo, en este documento, se resalta la necesidad de impedir que prolifere la construcción en el litoral y de frenar la especulación inmobiliaria en las zonas costeras, de preservar el difícil equilibrio de las costas y aclara: "no amparamos ni hemos amparado nunca a los que se apropian ilegalmente del dominio público y construyen sobre él con diversas excusas y subterfugios".
VULNERACIÓN DE DERECHOS
No obstante, agrega que "la razón del culto o el servicio a la colectividad no es título suficiente para vulnerar los derechos de quienes también forman parte de esa misma colectividad" y que "hasta el más noble de los objetivos queda pervertido por el empleo de medios innobles para obtenerlo".
Asimismo, señala que la propiedad debe cumplir una función social y está supeditada a las necesidades de la comunidad, pero que "no puede ser arrebatada sin una compensación decente que permita al que la quita mirar a los ojos al que la pierde sin sentir vergüenza".
En ese sentido, apunta que el fin de reconstruir las dunas antiguamente existentes en la costa, "tiene un coste y que el Estado debe pagarlo" en forma de indemnizaciones económicas de un importe en consonancia con el valor de los bienes de los que se priva a sus propietarios.
"Es legítimo que el Estado regule las costas y que amplíe las definiciones del dominio público, pero no lo es que pretenda hacerlo a coste cero y que esas legítimas aspiraciones sean financiadas por una parte de los ciudadanos con sus ahorros, su energía y su salud", señala. Por todo ello, emplazan al Estado, incluyendo Gobierno, Parlamento y partidos políticos, a introducir estas reformas.
