Grau: ´El Plan del Cabanyal va a seguir le pese a quien le pese´

LEVANTE-EMV VALENCIA "Que nadie dude de que el ayuntamiento va a seguir inexorablemente adelante con el Pepri, que conlleva la protección y rehabilitación de El Cabanyal, le pese a quien le pese." Con estas palabras recibía ayer Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por el consistorio pidiendo la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Cultura que declara expolio el plan del barrio y paraliza los derribos.

Grau pidió ayer que "nadie se deje engañar", y apuntó que esta decisión no supone "ninguna novedad" sobre el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal. "Este proyecto sigue paralizado y pendiente de que se pronuncie la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional", que tienen que decidir sobre la prevalencia de la orden ministerial o la ley autonómica que se aprobó posteriormente para inutilizar la anterior. "Seguimos como estábamos, con el plan de rehabilitación y protección paralizado por una decisión arbitraria y autoritaria del Gobierno central", valoró Grau. La orden "supone un abuso de poder".

El vicealcalde criticó a los partidos de la oposición y al colectivo Salvem el Cabanyal por querer "engañar a los vecinos diciéndoles que el plan de protección y rehabilitación está definitivamente paralizado. Eso es absolutamente falso", dijo. "Todavía está por dirimirse en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Constitucional la legalidad de la orden de Cultura", insistió, al tiempo que recordó los resultados electorales del PP el 22-M.

Precisamente, el secretario general del PP, Antonio Clemente, señaló que "respeta pero no comparte" la decisión. Paralizar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, tal y como contempla el PEPRI, es una "grave equivocación" desde el punto de vista "técnico, político y de calidad de vida de los vecinos" de ese barrio.

Por su parte, el PSPV apuntó que con la decisión del Tribunal Supremo este barrio gana "una primera etapa para ver la luz al final del túnel" al que le ha llevado la "obstinación" de la alcaldesa, Rita Barberá. Así lo expresa el portavoz adjunto socialista en el ayuntamiento, Salvador Broseta, que valoró que esta sentencia mantiene "a salvo de las excavadoras el barrio de El Cabanyal hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional". "Es una buena noticia", recalcó. Broseta reiteró "la disposición" del grupo municipal socialista de "tender la mano al gobierno municipal para trabajar desde ya en la reactivación económica del barrio y en la recuperación de un patrimonio histórico y cultural esencial para Valencia". "Es momento de que el ayuntamiento abandone las actitudes excluyentes y cree un espacio de diálogo que nos permita trabajar por la reactivación económica y la generación de empleo", aseveró.

Por su parte, el portavoz de EU, Amadeu Sanchis, también se felicitó por la decisión del Supremo: "Esta noticia no sólo confirma lo ajustado de la orden a la Ley de Defensa del Patrimonio sino que, además, queda reforzada la figura del expolio en todo aquello que tenga que ver con el derribo de edificios singulares en este barrio". "Éste es el segundo revés" que sufre el Ayuntamiento en cuanto al Plan de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal-Canyamelar, dijo. "Es por ello por lo que pedimos a la alcaldesa que se siente a dialogar con toda la sociedad civil para comenzar un proceso de rehabilitación integral", manifestó. Desde Compromís, su portavoz Joan Ribó exigió a Barberá que explique "cuántos miles de euros cuesta en abogados sus caprichos en el Cabanyal". Y le exigió que "frene la estrategia de la confrontación".

"Los vecinos que se opusieron tenían razón"
Salvem el Cabanyal afirmó ayer que la sentencia del Supremo que ratifica la orden del Ministerio de Cultura que paralizaba el plan de reforma de este barrio de Valencia, demuestra que los vecinos que se opusieron a los derribos de inmuebles "tenían razón". Desde Salvem volvieron a reclamar el consenso y "la rehabilitación sin destrucción" como la solución a "un problema creado por un proyecto antiguo y desfasado", y recordaron que las nuevas tendencias apuestan por la conservación del patrimonio. El colectivo advirtió que el Ayuntamiento de Valencia "no puede seguir poniendo impedimentos al crecimiento social y económico" de este barrio, por lo que le insta a dejar de negar "licencias de obra y de abertura de nuevas empresas", ya que su obligación es "dinamizar" la zona y no "impedirla con sus decisiones". "El Gobierno de Valencia no está por crear puestos de trabajo en el barrio y en el momento actual, es lo peor que le se puede decir a unos dirigentes políticos que administran la ciudad, ya que la primera preocupación de la ciudadanía es el paro", manifestó. En este sentido, destacó que a pesar de que el PP "tiene en su mano la posibilidad de activar un barrio y atraer inversiones del Gobierno central", no lo hace porque "su primer interés no es el interés general".