El derribo de las fincas de la calle Beneficencia expropiadas para la ampliación del IVAM se ha encontrado con un obstáculo inesperado. Una de las fincas no puede ser demolida porque una de sus viviendas está habitada por una inmigrante boliviana que exige un realojo antes de abandonar la casa. Eso supone el bloqueo de los derribos por un tiempo indefinido, pues la mujer no ha aceptado ninguna de las dos viviendas que le han ofrecido y el asunto parece abocado a un proceso de desahucio.
El futuro de estas fincas se marcó hace dos años cuando la Conselleria de Cultura las expropió para la ampliación del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). Todos los vecinos fueron indemnizados o realojados y sólo una vecina, de nacionalidad boliviana, permaneció en una vivienda en régimen de alquiler.
La demora de las obras del IVAM, sin embargo, hicieron que la demolición de esas casas se demorase y durante dos años fueron ocupadas por indigentes y también por el movimiento "okupa", que convirtió una de las fincas en el "Antro", un "centro social okupado" donde se celebraban fiestas todos los fines de semana.
Esta situación provocó encendidas quejas de los vecinos y de los colegios que hay en el entorno, sobre todo después de que una de las fincas se incendiara y pusiera en peligro al barrio.
Esas protestas finalmente fueron atendidas y esta misma primavera se iniciaron los derribos de las viviendas. Había que acabar con este foco de degradación. La sorpresa ha sido comprobar que el problema con aquella vecina boliviana no se ha resuelto, de manera que ya han sido derribados todos los edificios, media docena, y ha habido que dejar en pie, justo en el centro de la parcela, la citada finca.
"Queremos el realojo", reza la pancarta colgada en la vivienda, en cuyo balcón hay macetas que indican que alguien vive allí". Y es que la mujer sigue exigiendo, dos años después, una vivienda para abandonar la que tiene ahora. Y no acepta cualquier cosa, lo que tiene bastante indignados a los responsables del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) que se está encargando de resolver esta situación.
Fuentes de la entidad explicaron a Levante-EMV que cuando empezó el proceso de realojo de los vecinos, está mujer se encontraba en situación irregular en nuestro país, lo que le impedía acceder a una vivienda oficial. Aún así le pidieron que se regulase para poder hacer algo con ella, como así ocurrió un año después.
El problema es que ahora no se conforma con nada. Según las fuentes, se le han ofrecido dos viviendas alternativas, una en el mismo centro histórico, que no aceptó, y otra en el barrio de Benimaclet, que ni tan siquiera quiso ir a ver, aseguran.
Ahora pues, las vías de solución están cerradas y el asunto parece abocado a un proceso de desahucio que puede tardar meses, bloqueando así de forma indefinida los derribos y el saneamiento de la zona.
