El primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Valencia en esta legislatura fue un compendió de propuestas en las que los grupos trataron de fijar, más allá de los temas concretos, sus posiciones ideológicas. Fue un debate sobre lo público y lo privado, sobre el modelo urbanístico, la educación, la transparencia en la gestión o la laicidad de las instituciones. Fue el debate de la izquierda, representada por el PSPV, Compromís y EUPV, contra la derecha del PP.
El primer argumento para la controversia fue la parcela de Campanar que estaba destinada a uso escolar y se ha entregado (ayer se aprobó en pleno) a la Universidad Católica para hacer una clínica privada y una facultad. «No se ha tenido en cuenta el interés general, se impide su uso público y se conculca un derecho fundamental», dijo Amadeu Sanchis, portavoz de EU. Es más grave aún, añadió Joan Ribó, porque demuestra un trato de favor con la Católica respecto a las universidades públicas, que «tuvieron que pagar sus campus». «Las 600 alegaciones demuestran que es una situación arbitraria», completó Vicent Sarrià, concejal socialista.
El delegado de Urbanismo, Jorge Bellver, dijo entender la «animadversión a lo privado» de EU y Compromís, pero no la de los socialistas, a los que les recordó que en Gandía han aplaudido la llegada de la Universidad Católica. Ribó respondió que hay intereses privados legítimos, pero esto lo calificó de «privilegios», a lo que Sarrià añadió que «la cuestión no es la entidad, sino que se haga a costa de los niños de Campanar».
Sin salir del barrio, el debate se reprodujo con la antigua Fe. La concejala socialista Anais Menguzzato propuso mantener un hospital de 850 camas, con un hospital infantil y un centro para crónicos. «Nosotros nos conformamos con 300 camas, urgencias y hospital infantil», dijo luego Consoll Castillo, de Compromís. Pero la propuesta se rechazó porque «esa posibilidad se estudió y viendo los precedentes de Alicante se descartó», dijo la concejala de Sanidad, Lourdes Bernal, quien recordó que este tema debió plantearse en 2003 y que no es de competencia municipal.
El urbanismo fue otro punto de fricción. La revisión del plan para hacer torres de 20 alturas en el Camino Hondo del Grao no gustó a la oposición, que lo considera una agresión patrimonial a las naves de Juan Verdeguer. Y tampoco el nuevo Pont de Fusta, que Joan Ribó considera «innecesario». Más bien prefieren que se peatonalice el entorno de la Lonja para protegerla del tráfico, una propuesta socialista que el PP asegura que se abordará cuado finalicen las obras del metro en el entorno del Mercado Central.
En materia educativa, el valenciano y el decreto del Consell sobre plurilingüismo (clases en castellano, valenciano e inglés), fueron las estrellas. Para el concejal socialista Félix Estrela, «la solución no es una ristra de idiomas», sino el dominio de las dos lenguas oficiales y además una tercera lengua. Es más, Amadeu Sanchis, portavoz de EUPV, cree que se vulnera el Estatuto de Autonomía y se coloca al valenciano en una «posición subsidiaria».
El argumento para negar estas propuestas lo expuso la delegada de Educación, Ana Albert, quien dijo defender el valenciano y el Estatuto sin que ello impida aprender inglés desde los 7 años, sobre todo «ahora que se valora tanto para encontrar empleo».
Las mayores diferencias ideológicas se vieron, no obstante, al hablar de la Iglesia y de Franco, al que Compromís quiso que se le retirara el título de alcalde honorario de la ciudad. En su opinión, debe hacerse porque «el dictador no merece honores» y además mantener ese título puede estimular a grupos que comparten la misma ideología. Alfonso Grau, portavoz del PP, se negó alegando que Franco murió hace 35 años y con él se extingue el título.
Tampoco hubo acuerdo sobre el apoyo a las visitas del Papa, en concreto a Madrid. Pilar Soriano, de Compromís, no quiere que se gaste dinero público en «un acto pastoral privado», algo que Grau considera «una exhibición de intolerancia», pues lo mismo deberían hacer con las manifestaciones sindicales, dijo. «Lo que queremos es que cada uno se pague lo suyo», replicó la concejala.
Unanimidad para devolver su nombre a la estación de «Jesús»
El único acuerdo que se alcanzó ayer fue la restitución del nombre de «Jesús» a la estación del metro en la que hace cinco años murieron 43 personas, un gesto que viene a sumarse al que ya adelantó el nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuando anunció su disposición a reunirse con las víctimas de aquel accidente. Por iniciativa de EUPV los tres grupos de la oposición exigían responsabilidades políticas por el siniestro, la implantación de nuevas medidas de seguridad, el reconocimiento de las víctimas y la devolución del nombre a la estación, que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) pasó a denominar recientemente «Joaquín Sorolla», como la estación provisional del AVE que queda al lado. La oposición entiende que ese cambio pretende borrar el recuerdo de aquella tragedia. En su respuesta, el concejal popular Alfonso Novo, rechazó todos los puntos y propuso aprobar uno de ellos, el cambio de nombre. Su idea es que la estación pase a llamarse «Jesús/Joaquín Sorolla» mientras esté funcionando la estación provisional y luego que pase a llamarse únicamente «Jesús», como ha sido siempre. Todos lo aceptaron.
