El objetivo anunciado por el Gobierno central de afianzar un nuevo modelo urbanístico basado en fomentar las obras de rehabilitación en lugar de la construcción de obra nueva se va al garete si se tiene en cuenta la deuda de las propias Administraciones con las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Y para muestra, un botón. El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) adeuda, desde hace 18 meses, más de 8,5 millones de euros a las 17 constructoras que tiene contratadas para obras de mantenimiento y reformas.

Los afectados llevan más de 18 meses en silencio y sin parar de trabajar para atender las obras de rehabilitación previstas por el Ivvsa. Por ello, en el mes de marzo, los 17 afectados -10 empresas de Valencia y 7 de Alicante- le enviaron al entonces conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, un escrito en el que alertaban de la "grave situación" que había provocado en sus empresas "la negligencia presupuestaria del Ivvsa y su nefasta gestión en los impresionantes retrasos y su forma de pago, algo que, pos supuesto, no ha ocurrido en nuestra atención a sus obras presupuestadas o a aquellos partes de urgencia que nos han hecho atender con toda celeridad". Y es que las empresas contratadas para la rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Ivvsa han cumplido con el trabajo acordado durante más de un año y medio, "y sin ver ni un euro, para hacer frente al pago de materiales, sueldos y facturas". Las pequeñas y medianas empresas afectadas aseguran que han cumplido su parte del contrato, con creces. Y ahora piden que les paguen con la misma moneda, o al menos, que les paguen.

La media que adeuda el Ivvsa a cada una de las empresas supera los 500.00o euros. "Hay muchos puestos de trabajo comprometidos", advierten los afectados, porque la situación "es insostenible para cualquier economía familiar y empresarial". Y es que "ni podemos negociar papel (pagarés, cheques o efectos aceptados) porque ustedes no nos los facilitan, ni podemos llevar más facturas de las pendientes como reconocimiento de crédito a nuestras entidades financieras porque los bancos ya no nos aceptan más recibos para realizar los anticipos de cobro, al ser insostenible la demora con la que el Ivvsa está abonando los importes, con el consiguiente gasto financiero, que no hace más que agravar nuestra situación de endeudamiento y liquidez", explican los 17 afectados en el escrito dirigido a Juan Cotino.

Pero ahí no acaba la cosa. Los empresarios añaden en el texto que tanto trabajadores como proveedores "están planteando demandarnos por falta de pago" y que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que son "nuestra única vía de escape", dejarían sin servicio las obras previstas del Ivvsa, por lo que "ambas partes quedaríamos perjudicadas".

Por ello, los empresarios añaden que necesitan una solución rápida "para poder darle una garantía a las entidades financieras, y con ello, evitar el descalabro de nuestras empresas". Es más, platean, incluso, que el Ivvsa, como empresa pública, medie con las entidades financieras "para que nos acepten las facturas a más plazo ya que nuestras propiedades y garantías personales no soportan tanto endeudamiento".

Compromiso escrito

Los promotores afectados aseguran que la propuesta más inmediata es solicitar al Ivvsa la liquidación de todas las facturas pendientes del ejercicio 2009 y formalizar un plan de viabilidad y compromiso escrito para afrontar las facturas pendientes del ejercicio 2010 y 2011 ya que, de esta forma, "tendríamos la confianza necesaria para dirigirnos a nuestras entidades financieras y solicitar una nueva negociación de nuestras pólizas, para que nos mantengan la clasificación necesaria, dentro de unos plazos prudenciales de pago comprometidos por el Ivvsa".

Por lo tanto, los empresarios contratados por el Ivvsa "necesitamos que nos faciliten ese plan urgente de cobro, que entendemos debiera ajustarse a la aplicación de la Ley de Morosidad, para dar el curso más inmediato a la liquidación de los recibos pendientes".

El escrito data de marzo, pero las empresas, a día de hoy, siguen sin cobrar, sin previsión de hacerlo y sin respuesta alguna ni del Ivvsa ni de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Por ello, antes de bajar definitivamente la persiana, han lanzado la voz de alarma.