Jorge Bellver se juega a partir de hoy en los tribunales su futuro político. El concejal de Urbanismo y diputado autonómico del PP se sienta en el banquillo, junto a otros cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, acusado de prevaricación por no haber solicitado el informe de la Dirección General de Patrimonio antes de autorizar las obras del aparcamiento junto al Jardín de Monforte, declarado Bien de Interés Cultural. El fiscal les acusa de premeditación en esa omisión y pide para ellos ocho años, seis meses y un día de inhabilitación.
El calvario del concejal de Urbanismo comenzó en 2004 cuando autorizó la construcción de un aparcamiento en el subsuelo junto al Jardín de Monforte. Para evitar las filtraciones de agua, se construyeron varias paredes de hormigón que permitieron abrir el garaje de Severo Ochoa, pero alteraron la humedad alrededor del histórico jardín, afectando a las especies del entorno.
Como solución al problema, el ayuntamiento decidió derruir uno de los muros que cierra el jardín, desatando la polémica entre aquellos que consideraron que la medida atentaba contra un espacio tan característico. Las protestas se sucedieron y el colectivo ciudadano Cercle Obert exigió a la Fiscalía que investigara la construcción del aparcamiento. En abril de 2010 el ministerio fiscal formuló una querella por un posible delito de prevaricación.
Bellver se defendió entonces ante el juez instructor asegurando que todos los informes elaborados al respecto eran favorables, de unos 1.400 folios, y en los que también constaba la firma del secretario del área de Urbanismo del consistorio, por lo que él se limitó a firmar. Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 1 de Valencia vio indicios de delito y decidió abrir juicio oral contra el concejal. Bellver se mostró "dolido, pero confiado en la Justicia" y recurrió ante la Audiencia Provincial, pero ésta, además de dar la razón a la fiscalía, amplió el proceso a otros cuatro funcionarios, al considerar que los técnicos eran conscientes de la "necesidad" de pedir esa autorización.
La causa había cogido cuerpo y meses después en el Partido Popular decidieron cambiar de estrategia y llevar el caso al Tribunal Superior por la vía de incluir a Jorge Bellver en las listas a las Corts y dotarle de condición de aforado.
Hoy, los cinco procesados - además de Bellver acuden a juicio el secretario, Pedro García Rabasa; dos jefes de servicio, el de Planeamiento, Juan Antonio Altés, y el de Tráfico, Juan Casañ; y una arquitecta técnica, María José Gasull- se personarán a las diez de la mañana en la planta principal del Tribunal Superior de Justicia. El concejal será el primero en declarar.
Bellver ha recibido el apoyo de Rita Barberá y sus compañeros de gobierno en innumerables ocasiones. Este sábado, el concejal de Circulación y Transportes Alfonso Novo, hizo en Levante-EMV una enfática defensa de su compañero y se esforzaba en recordar que las obras "se llevaron a cabo a cielo abierto durante más de dos años y en una zona muy transitada, sin que nadie, ni un particular, ni una asociación, ni institución alguna, dijera nada al respecto, ni durante la tramitación ni durante las obras".
Sea como fuere, Jorge Bellver y otros cuatro funcionarios serán juzgados por prevaricación en un juicio que se alargará varios días y en el que desde hoy prestarán declaración veinticuatro testigos y siete peritos.
