El juez que investiga el agujero de 17 millones de euros en la depuradora de Pinedo ha puesto los ojos en la Generalitat Valenciana y en los pagos que realizó durante 2004 y 2010, más de 115 millones de euros, por el tratamiento de lodos. En una providencia fechada el pasado sábado 19 de noviembre solicita a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Conselleria de Agricultura, que con la "máxima brevedad" remita al Juzgado número 15 de Valencia el informe técnico que avala el pago por el tratamiento de lodos.
La Epsar era la entidad que fijaba los precios que se abonaban a Emarsa por el tratamiento de lodos. La institución pública no cuestionó ni el elevado precio ni tampoco el aumento considerable de lodos pese a que el volumen de agua tratada era similar todos los años. En el proceso ya están citados a declarar como testigos dos cargos del organismo dependiente de Agricultura, entre ellos su exgerente José Juan Morenilla.
Por su parte, un otra providencia del magistrado instructor revela que uno de los principales imputados, el empresario que facturó en fangos más de 15 millones de euros a Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper, tiene otras causas pendientes en juzgados de España. El magistrado las ha solicitado y ha recordado que se encuentra en paradero desconocido a fecha de hoy.
Asignado el juez de refuerzo
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anunciaron ayer que el Juzgado número 15 de Valencia tendrá un juez de refuerzo. Así, el juez instructor del caso Emarsa se podrá dedicar en exclusiva a la investigación de una causa que ya cuenta con 23.000 folios en el sumario. Según explicaron, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado que este juzgado cuente con un nuevo juez, tal y como solicitó su titular a través de la Sala de Gobierno. La llegada del nuevo magistrado sólo está pendiente, según las mismas fuentes, de que el Ministerio de Justicia dé la autorización económica.
Hasta el momento, en la causa que investiga un "agujero" económico en Emarsa de al menos 40 millones de euros están imputadas dieciséis personas -entre ellas, el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, como expresidente y ex consejero delegado de la depuradora-, a cuatro de las cuales se les han aplicado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte.
La causa, abierta por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsificación documental y estafa, solo ha conseguido acabar tres de las declaraciones testificales previstas desde que comenzaron las comparecencias ante el juez, el pasado 7 de octubre con el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta. El Juzgado ha acordado la práctica de "decenas" de diligencias, entre pruebas documentales y testificales. Según el juez, de la instrucción se desprende la existencia de "numerosísimos indicios" de que un "número ciertamente considerable" de personas, integrantes de Emarsa y ajenas a ella, se "concertaron para obtener un beneficio ilícito a costa de los fondos de la sociedad".
