Para aquellos que se encuentran en una "clara situación de marginalidad" o que, por su precaria situación, encuentren serios problemas para acceder a una vivienda de alquiler en el mercado libre, el ayuntamiento tiene un programa especial. Se trata del Plan Municipal de Acceso a la Vivienda, que el ayuntamiento está revisando en la actualidad "para adaptarlo a la nueva realidad e incluir las últimas normativas legales".
En total, el consistorio dispone de 83 viviendas sociales. Once pisos se destinan a la denominada "población emergente" -que hace referencia a familias en una clara situación de marginalidad- y que habitan en una vivienda precaria, entendiendo como tal "aquel habitáculo que, siendo utilizado como morada humana, no reúne las características y condiciones de vivienda, ni es susceptible de convertirse en tal". La renta mensual para estas familias es de 150 euros al mes. En la actualidad hay un piso municipal desocupado en Xirivella.
Sin embargo, el grueso del plan se concentra en las 72 viviendas municipales destinadas a "inmigrantes, minorías étnicas, familias monoparentales, situaciones de maltrato, y personas mayores, solas o con dependencia física o psicológica". A este grupo, el ayuntamiento le aplica una bonificación económica a esos 150 euros mensuales por lo que el alquiler definitivo para estos usuarios oscila entre los 40 y los 100 euros al mes. Y es que, pagar 50 euros de alquiler mensual parece casi un imposible.
Las viviendas municipales están adscritas a la delegación de Bienestar Social e Integración. Los contratos de arrendamiento tienen carácter temporal y duran cinco años, "tiempo previsible -según marca el propio programa- para que los miembros de la unidad familiar consigan su inclusión socio- laboral y busquen otra vivienda en el mercado ordinario o de promoción pública". Por ello, estos planes se adaptan a cada familia según sus necesidades y características ya que existe un programa de Intervención Técnica que se ocupa de tratar los casos, realizar el seguimiento de los mismos y fijar como objetivo la inclusión social de los miembros de la familia, mayores de 16 años. Si el tiempo del contrato se acaba, y la familia necesita más tiempo, el ayuntamiento prorroga el contrato. Sin embargo, no vale el todo por el todo. Ahora bien, si la familia incumple el contrato y no paga el alquiler o los gastos de comunidad durante ocho meses el ayuntamiento reclama el débito. Las viviendas municipales, una vez vacías, son empleadas por otras familias.
Sin listas de espera
¿Quien valora cada situación y decide qué familia ocupará un alquiler simbólico durante cinco años? El grupo que se encarga de las resoluciones del programa responde al nombre de comisión para el Estudio y Análisis de las Actuaciones de Realojo. Tiene carácter técnico y decisorio, aunque son los once centros municipales de servicios sociales los que proponen los casos a estudiar por la comisión en cuestión. Ésta estudia los casos y establece la prioridad.
En este programa no se trabaja con listas de espera ya que cuando hay una vivienda disponible se plantea en la comisión y se proponen los casos de familias a las que se podría adjudicar, valorando los requisitos y priorizando los casos.
En la actualidad, algunos de los contratos de alquiler de viviendas han llegado a su fin, por lo que el ayuntamiento está revisando los casos para ver si es necesario prorrogar algunos contratos o ver cuántas viviendas quedarán libres para que nuevas familias necesitadas las ocupen durante cinco años.
Desahucio para la única familia que no paga el arrendamiento
Hace dos años el ayuntamiento revisó los contratos de arrendamiento suscritos al programa de Acceso a la Vivienda. Doce familias adeudaban pagos durante más de ocho meses, por lo que la concejalía de Bienestar Social comunicó a las familias que iniciaría acciones judiciales si no se ponían al corriente de los pagos en quince días. En total, la obligación ascendía a más de 7.718 euros. La máxima deuda la tenían dos familias que debían 1.274 euros al sumar dos años sin pagar los 106 euros de cuota mensual. Las familias implicadas en las deudas se pusieron al corriente con los pagos, para lo que el ayuntamiento les amplió el plazo. En la actualidad el consistorio afirma que los alquileres están al corriente y que solo una familia continúa ampliando la deuda. Son los únicos "okupas" que tiene el ayuntamiento que, eso sí, ya ha iniciado los trámites de desahucio ya que el contrato de esta familia finalizó el pasado mes de octubre. La familia adeuda 25 mensualidades. Sin embargo, fuentes municipales aseguraron que la gran mayoría de familias "responde de forma adecuada y positiva" a los planes de intervención técnica, al igual que al pago de los alquileres. Tarden más o tarden menos. m. ros valencia
