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El ayuntamiento cierra la televisión municipal por falta de dinero

La Asociación Profesional de Periodistas denuncia "falta de sensibilidad" de Barberá por anunciar el cierre con trabajadores presentes - La oposición lamenta el gasto en otras cosas

 

J. PARRILLA/Á. SERRANO VALENCIA
Después de años de quejas respecto al funcionamiento y función de la Televisión Municipal de Valencia (TMV), la alcaldesa Rita Barberá anunció ayer su defunción por cuestiones económicas. Lo hizo en una rueda de prensa y con dos trabajadores de la empresa grabando en directo el que puede ser el final de su puesto de trabajo, "una falta de sensibilidad" que la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos ha denunciado sin paliativos.
Según explicó la alcaldesa, este servicio, en el que trabajan unas veinte personas, cuesta "ciento y pico mil" euros al año y "lo que no puede ser no puede ser". "Vista la dotación económica y visto que no se pueden dedicar más recursos, no es viable el proyecto que emprendimos", dijo.
Ahora, el mantenimiento de los trabajadores dependerá de la empresa gestora, que es privada y que, "según me dicen, tiene problemas internos". El concurso de acreedores podría ser la salida, vaticinó.

Quejas de la oposición
La oposición no tardó en lamentar la decisión de Barberá. Así, el concejal socialista Pedro Miguel Sánchez aseguró que las medidas de austeridad de la alcaldesa "sólo sirven para destruir empleo": "Si se sabía que se quería hacer desaparecer la televisión, ¿por qué se incluyeron en el presupuesto para 2012 192.049,20 euros, con el argumento que este año si se presupuestaba bien?". El concejal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, también anunció que preguntará a la junta de gobierno "dónde irá ese dinero, así como los 50.000 euros para compensar las pérdidas". Compromís, por su parte, criticó que no haya fondos para eso "y sí para los 150.000 euros destinados a la nueva ornamentación del Puente de las Flores".
La televisión municipal nació en otoño de 2007, con Nicolás Ramos a la cabeza y con Administración y Gerencia de Ondas 13 como adjudicataria. En mayo de 2008, llegaron las primeras quejas del PSPV, que denunció que el canal no cumplía "los mínimos requisitos de pluralidad y objetividad". Ese mismo mes cayó Ramos, que fue apartado del cargo por denuncias de los empleados por maltrato verbal y psicológico.
En junio, el constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, se hizo con el control de la TMV al adquirir las acciones de Canal 13. Ulibarri abandonó el proyecto en 2009. La cadena no emitía los plenos pese a las peticiones de la oposición, que siempre pidió un uso institucional y no partidista.

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