Hasta tres empresas de jardinería diferentes llegaron a facturar a la depuradora de Pinedo por el mantenimiento de los frondosos jardines de la planta. Según un informe de la Agencia Tributaria en poder de Levante-EMV y que ya consta en el sumario judicial, una de esas firmas cobró en 2008 2.587 horas de trabajo aunque sólo pudo justificar al fisco 178. Es decir, trabajaba una media de 30 minutos al día pero cobró por siete. De esta manera, los agentes de la Delegación Especial de Hacienda concluyen que percibió ese año 43.365,15 euros que no están justificados. Pese a esta conclusión, el juez estimó en su último auto que no iba a imputar de momento a M. Bertolín, propietario de la firma que formalizó las facturas.

En las conclusiones del informe de la Agencia Tributaria se asegura que «se deduce que no ha quedado debidamente acreditado que M. Bertolín haya prestado efectivamente servicios de jardinería contratados por Emarsa en el número de horas que según la documentación disponible han sido facturados y cobrados». Así, según el documento realizado por la Delegación Especial de Valencia, el empresario de jardinería habría justificado sólo 288 horas trabajadas en 2007 y 178,25 en 2008, según los datos de entrada y salida a la depuradora de Pinedo facilitados por la misma. Estas cifras contrastan con el cobro de más de 2.000 horas cada año que casi alcanzarían los 80.000 euros en «trabajos no justificados».

El fisco no pudo aclarar la versión del empresario ya que no se presentó en las Oficinas de Inspección de la Agencia Tributaria ninguna de las dos veces que fue requerido, así como tampoco su representante legal.

La firma facturó a Emarsa desde 2004 hasta 2010 282.014 euros. La Agencia Tributaria asegura que todo lo facturado fue por horas de trabajo y que no aportó ningún material. Por este cometido cobraba 16 euros a la hora en 2007 y 18 euros a la hora en 2008. El informe también revela que, de la cuenta de Emarsa, el Juzgado de Primera Instancia de Llíria descontó varias cantidades de dinero en concepto de embargos.

Pese al informe de la Agencia Tributaria, el juez que instruye la causa no ve suficientes indicios para imputarlo como sí ha hecho con otras 27 personas. Así, en un auto fechado el 3 de enero de 2012 aseguraba que «en cuanto a la ampliación de la investigación respecto a los servicios prestados por M. Bertolín y habida cuenta de que en el procedimiento judicial obran documentos de los que se puede deducir que han podido prestar efectivamente servicios para Emarsa, no ha lugar en este momento procesal a adoptar resolución alguna respecto del mismo, sin perjuicio de que si una vez avanzada la instrucción de la causa resultaran indicios bastantes para acordar la ampliación del procedimiento a este proveedor así se hiciera».

A la firma de M. Bertolín se le ha de sumar otras dos empresas que también facturaron por conceptos de jardinería. Se trata de dos autónomos que realizaron trabajos y que facturaron más de 2.000 euros al mes durante algunos de los años del saqueo de la empresa pública. La nueva gestora dejó de solicitar sus trabajos y arrasó toda la vegetación de la planta. A esta tres empresas hay que sumar los dos trabajadores que realizaban esas funciones a tiempo completo y cobraban 48.528 y 52.950 euros brutos anuales, según la relación de empleados de la firma antes de su liquidación. Cabe recordar que Emarsa gastó 200.000 euros en césped para cubrir los tejados de la depuradora con motivo de la Copa América.

El Tribunal de Cuentas pide a PSPV y Emshi que se personen

El Tribunal de Cuentas investiga las posibles responsabilidades contables en el saqueo de la empresa pública Emarsa. Tras la denuncia del PSPV, la institución inició las pesquisas y abrió un procedimiento. Desde ayer, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y el propio PSPV tienen un periodo de nueve días para personarse en la causa. Le entidad fiscalizadora enjuicia la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación. Esta investigación es paralela a la que realiza el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. De hecho, la Fiscalía ha solicitado la apertura de una pieza separada por responsabilidad civil en el saqueo para Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Enrique Arnal y otros 11 imputados más. sergi pitarch valencia