De los 68 millones previstos en el Plan de Inclusión Social de 2010 solo se han gastado 35. Así lo denunció ayer la concejala de EU Rosa Albert que preguntará en el próximo pleno por qué no se ha empleado toda la partida y donde se ha destinado el resto.
Albert aseguró que la integración de las personas desfavorecidas "es un indicador de calidad de vida" y, por eso, "no entendemos que desde la delegación de Servicios Sociales no se haya hecho uso de la totalidad de los recursos económicos que se tenían destinados para el mismo y, por contra, sea frecuente ver sobrecostes en otras materias que no tienen la misma rentabilidad social". Según la edil, "este plan permitía anticiparnos a los cambios que se estaban viviendo en nuestra ciudad, fundamentalmente en cuanto al fenómeno inmigratorio se refiere, así como a los déficits de vivienda, que afectan cada vez a más amplios colectivos y no sólo a la población chabolista, o la pervivencia del desempleo y la precariedad laboral, todos ellos factores que están directamente relacionados con el fenómeno de la exclusión social".
Sin embargo, para la responsable de Bienestar Social, Marta Torrado, es mejor destacar "las actuaciones concretas que se han conseguido con este plan de siete años" que criticar que no se haya cumplido al 100% ya que un plan de acción "tiene un carácter orientativo y nunca vinculante", por lo que "no existe ninguna obligación de cumplirlo en su totalidad".
