El equipo de gobierno cuatripartito de Alboraia ha renunciado a la concesión para la explotación del Puerto Deportivo de Port Saplaya por considerar inasumibles las condiciones económicas que había aceptado el anterior ejecutivo del PP. Cuando en 2010 la conselleria de Infraestructuras sacó a concurso la concesión de este puerto —uno de los dos que hay en toda España dentro de un área urbana— la única empresa que presentó una oferta fue Egusa, de titularidad municipal.
Y es que los números que ofrecía la firma que encabezaba el alcalde Manuel Álvaro para continuar gestionando Port Saplaya admitían poca competencia: una inversión de siete millones de euros a gastar el primer año en distintas mejoras del recinto, y el pago anual a la Generalitat de 200.000 euros en concepto de canon.
«El PP explicó en el pleno que había presentado una oferta tan alta precisamente para que nadie pudiera hacerle competencia al ayuntamiento», explicó ayer el actual presidente de Egusa Carlos Corella. «Para darse cuenta de lo excesivo de estas cantidades basta con conocer que hasta ahora se ha estado pagando a la Generalitat 15.000 euros por el canon de explotación».
Así las cosas, el pasado octubre el nuevo gobierno aprovechó que había vencido el plazo para hacer efectiva la concesión por parte del Consell y decidió renunciar a la concesión para intentar negociar con la Infraestructuras unas condiciones más ventajosas y acordes a la política de austeridad implantada por el cuatripartito para reducir la enorme deuda de las arcas municipales.
La idea, según explica Corella, es mantener los 15.000 euros del canon de explotación que se estaban pagando hasta ahora y reducir los 7 millones que ofreció el PP para inversiones en un 60%. «Son cifras mucho más realistas», asegura Corella. «Además, en vez de pagar en sólo un año, tal como había aceptado el anterior gobierno, queremos hacerlo en cuatro o cinco».
Estos casi de tres millones se destinarán a mejorar las instalaciones eléctricas del puerto deportivo, que están totalmente obsoletas y que ni siquiera tienen conexión en los amarres. También se adaptarán los pantalanes a la actual normativa. Y, por último, se dragará el puerto para que puedan entrar barcos de mayor calado.
El problema es si al bajar Egusa su oferta de forma tan notable, las empresas privadas entren en la lucha por la gestión del puerto de Port Saplaya, tal como temía el PP. Ante esta posibilidad, la firma municipal alborayense ya negocia con el servicio autonómico de gestión de puertos para que la Generalitat abra un procedimiento de negociación directo.
En paralelo, los servicios jurídicos municipales estudian también otras posibilidades para que no sea únicamente Egusa la que asuma la inversión y el pago del canon. Esto se lograría a través de una sociedad en la que, junto al consistorio o su empresa municipal, participaran también residentes, propietarios de amarres o, sobre todo, el club naútico.
