El Ayuntamiento de Valencia solicitará a la Generalitat Valenciana la anulación del aparcamiento subterráneo que se iba a construir en el Cabanyal con financiación del Plan Confianza y que ese dinero, 16 millones de euros, se lo dé para seguir comprando inmuebles destinados al derribo. Es un paso más de la carrera que ha emprendido el consistorio tras la llegada del PP al Gobierno de Madrid, una vía que se abrió ya en los presupuestos generales de 2012 al incluir una partida de tres millones de euros para comprar y derribar viviendas y que se escenificó de nuevo ayer en el pleno al cerrarse por completo a cualquier opción de diálogo con los vecinos y la oposición.

Según el expediente aprobado ayer en la Junta de Gobierno Local, el ayuntamiento tenía aprobada una partida del Plan Confianza de 16,4 millones de euros para la construcción de un aparcamiento subterráneo y urbanización en superficie de los ámbitos del Bulevar San Pedro 5.01 y 5.02. Y lo que solicitará ahora, a propuesta del vicealcalde Alfonso Grau, es "eliminar la ejecución del aparcamiento subterráneo" y que la "cantidad que queda disponible" se dirija a "adquisiciones en esos mismos ámbitos, así como en otros colindantes".

También sugieren la necesidad de corregir el proyecto de urbanización para eliminar las entradas y salidas del subterráneo.

"No hay tiempo ni ofertas"

El motivo alegado para este cambio es que el aparcamiento requiere un periodo de ejecución de 16 meses y ya no hay tiempo material para finalizarlo antes del 31 de abril de 2013, que es la fecha en la que acaba la última prórroga del Plan Confianza.

Argumenta, así mismo, que "ha disminuido la demanda de plazas de aparcamiento para residentes, lo que también invita a reorientar el objeto del proyecto aprobado".

El Bulevar San Pedro está al principio de la pretendida prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, pero al ser una calle perpendicular a la misma supera ese ámbito y tiene proyecto propio. En la actualidad, el Ayuntamiento de Valencia ya tiene comprado y convertido en solares el 70% de esa calle y, en teoría, es la primera actuación que se realizaría dentro del plan del Cabanyal.

Lo que parece claro es que el Ayuntamiento de Valencia no está dispuesto a abrir ningún tipo de diálogo con los vecinos ni la oposición, que ayer volvieron a solicitar en el pleno unas negociaciones abiertas después de conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avala la Orden del Ministerio de Cultura que tiene paralizado el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal-Canyamelar.

El portavoz socialista presentó una moción al pleno en la que propone dejar de lado el debate de la prolongación, enmarañada en los juzgados y amenazada por la crisis económica, y buscar un consenso de todas las partes para rehabilitar el barrio. Así mismo, pidió que se anule la circular municipal que ordena paralizar cualquier licencia en el ámbito del Pepri, que es la interpretación que el equipo de Gobierno hace de la orden ministerial. "No se puede tomar de rehenes a la gente", dijo Calabuig, máxime cuando la Abogacía del Estado, añadió, entiende que sí se puede seguir trabajando.

En su respuesta, el vicealcalde, Alfonso Grau, le recordó al portavoz socialista que su grupo lleva diez años paralizando el plan con recursos judiciales y se preguntó si "es que se le ha acabado el primo de zumosol y por eso habla de pacto", en relación a la anterior ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que fue quien firmó la orden ministerial que paraliza el Pepri.