La deuda sanitaria amenaza el futuro de las inversiones de las empresas extranjeras y multinacionales farmacéuticas en España, según han trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los representantes de las cámaras de comercio de Alemania, Francia y Suiza en una carta conjunta suscrita con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y Farmaindustria en la que afirman que "la deuda sanitaria es incompatible con la marca España".

Doce mil millones de euros y 500 días de promedio de demora en el pago no son, precisamente, un acicate para atraer la inversión foránea.

El impago ha generado una situación insostenible para muchas firmas y además, según apuntan los inversores extranjeros, "deteriora la imagen de España en los mercados internacionales".

Alemanes, franceses y suizos, indican que las recientes declaraciones del Gobierno sobre sus intenciones de solventar esta situación de morosidad prolongada en el tiempo, no es "suficiente señal" y exigen a Rajoy medidas urgentes para salir de la desconfianza.

La Comunitat Valenciana con una deuda de 1.292,5 millones de euros a Farmaindustria es la penúltima autonomía con más volumen de deuda acumulada después de Andalucía que arrastra una factura pendiente de 1.523,7 millones de euros.

La Comunitat Valenciana además incrementó su deuda con el sector en un 57,9 % en 2011 respecto al año anterior. Y es la tercera comunidad que más ha crecido en impagos después de Castilla-La Mancha (89 %) y Aragón (67 %).

Propuestas para facilitar el pago

Empresas alemanas, francesas, suizas y las españolas han propuesto a Rajoy una serie de medidas para crear un escenario de estabilidad y solventar la deuda. La primera es establecer pagos temporales, nombrar a un interlocutor único en Ejecutivo y diseñar un organismo respaldado por el Gobierno central que permita crear un calendario de pagos fiable.

Para evitar que la deuda siga disparada, las compañías proponen aprobar presupuestos realistas para evitar la infrafinanciación (un 10 % en 2011), nueva regulación para dar un marco de seguridad a las empresas y despolitizar la sanidad para que las decisiones sean asistenciales y no electorales.