MÓNICA ROS, VALENCIA
En teoría, todas las partes implicadas en la instalación del nuevo toldo que cubrirá la plaza de la Virgen rechazan polemizar y buscan el entendimiento, pero en la práctica, las hostilidades salen a la luz ante un proyecto que el ayuntamiento defiende a capa y espada y que los residentes del inmueble implicado rechazan de pleno. Ayer, las tensiones se hicieron palpables y necesitaron la intervención de la policía local, que levantó acta.
Durante la mañana de ayer los operarios que trabajan en la instalación del nuevo toldo acudieron al inmueble sito justo enfrente de la Basílica de la Virgen para revisar los anclajes que permiten la instalación del toldo, desde el templo hasta el edificio. Sin embargo, se pusieron a picar la fachada para estudiar la seguridad de unos mecanismos instalados hace 45 años, y la ira de los vecinos estalló.
Dos de los residentes que representan a la comunidad de propietarios de plaza de la Virgen número 4 se personaron ante los operarios —incluidos los responsables de la obra— y les indicaron que les mostraran la licencia de obra ya que, hasta el momento, el permiso que habían consentido los vecinos se ceñía «a mirar, medir y observar» los anclajes instalados en la fachada. Pero en ningún caso picar la misma. Además de negarles la entrada en el interior de sus viviendas.
Sin embargo, ni operarios ni responsables de obra llevaban el documento encima por lo que los representantes vecinales amenazaron con «adoptar las medidas judiciales pertinentes» si los trabajos no se paralizaban de inmediato. Y así fue. Los trabajadores dejaron la piqueta y se bajaron de la grúa en la que estaban trabajando. Hasta nueva orden.
A las 14.30 horas, dos agentes de la policía local se personaron en la puerta del inmueble —acompañados por los responsables de obra, Jaime Martínez y Jorge Amigo— para tomar declaración de lo ocurrido a las partes implicadas y levantar acta.
Pendientes de una reunión
Las obras podrían reanudarse hoy mismo si el ayuntamiento y los vecinos llegan a algún tipo de acuerdo, tras la reunión prevista para esta mañana. Sin embargo, el entendimiento parece un fin lejano ya que el Gobierno ha realizado una inversión de 300.000 euros para instalar un toldo que debe ir anclado a la fachada de un inmueble, y que necesita el permiso o autorización de los vecinos. Y éstos se niegan. Por ello, apuestan por un sistema alternativo que deje a un lado la finca donde viven.
Desde la dirección de obra, por su parte, aseguraron que los trabajos que estaban realizado en la fachada del inmueble se limitaban «a revisar el sistema de seguridad».