El magistrado del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, que investiga el agujero de unos 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha acordado citar a declarar al exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, imputado en la causa, para el 28 de marzo a las 9.15 horas.
Crespo dejó ambos cargos y pidió su baja temporal del PP el pasado 2 de febrero, sin que aún hubiera sido citado a declarar, y después de que el magistrado fijara una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran en su día declararse procedentes. El exalcalde justificó su decisión en que quería defenderse "libremente y voluntariamente sin tener que afectar a otra personas" y a su entorno.
El instructor ha fijado la fecha de comparecencia en una providencia de este mismo lunes, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la que se señalan nuevas citaciones, entre ellas, la continuación de las comparecencias de otros imputados como el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta, para quien, tras algunas suspensiones, su declaración ha quedado fijada para el 5 de marzo a las 9.30 horas.
Hasta la fecha, el exgerente de la depuradora ha declarado cuatro veces: el 7 de octubre, el 10 y el 27 de octubre y el 24 de noviembre de 2011, día en el que el juez tuvo que interrumpir su comparecencia puesto que alegó sentirse indispuesto. En esta sesión, el magistrado instructor le interrogaba por el pago por parte de Emarsa de varias noches de hotel a mujeres procedentes de Rumanía y que él aseguró que eran traductoras de documentos.
Asimismo, el juez ha acordado la declaración de Daniel Calzada, administrador único de Llar Calzada para que siga prestando declaración el 6 de marzo a las 9.30; al exedil del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno Gascón para el 9 de marzo; al que fuera jefe medioambiental de la depuradora, Adolfo Polo, el 21 de marzo y a su mujer, Olga del Pozo Blanco, administradora de una empresa intermedia que facturó a la depuradora, el 23 del mismo mes.
En la misma providencia, el juez une a la causa diversa documentación, como la certificación del secretario del Ayuntamiento de Valencia en la que se hace constar que el servicio de planeamiento no ha tramitado hasta la fecha ningún expediente de reclasificación o recalificación del suelo de los terrenos que ocupan las instalaciones de la depuradora así como que desde la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y hasta hoy, la parcela ocupa terrenos clasificados como suelo no urbanizable y calificados como infraestructura básica y de servicio, a excepción de una pequeña superficie en la parte noroeste tenido como sistema local de espacio libre.
Igualmente une a la causa el atestado remitido al juzgado por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Casas Ibáñez (Albacete), que comprende un informe y las manifestaciones de los dueños y administradores de empresas relacionadas con la construcción.
El magistrado instructor había solicitado al Instituto armado que le informara acerca de si Construcciones y Reformas Rocafort o alguna empresa contratada por ella realizó en 2008 o ejercicios anteriores alguna obra en esta localidad, de donde es natural Esteban Cuesta, ante la sospecha de que la depuradora pudiera haber pagado reformas en alguna vivienda de su propiedad.
INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Por otra parte, y en sendos autos de 10 febrero, el magistrado rechaza los recursos de reforma planteados, en primer lugar por el que fuera director financiero de Emarsa, Enrique Arnal; su hermano Antonio José, y su ex pareja Eva María Marsal y en segundo por los hermanos Sebastián y María Paz García Martínez contra la decisión en la que acordó que se llevara a cabo una investigación patrimonial sobre ellos y sus familiares más allegados.
El juez razona su decisión en que hay indicios de cooperación por parte de Antonio José, Eva María y los dos últimos --cuyas empresas prestaron servicios como proveedores de Emarsa-- en los delitos contra la Hacienda Pública denunciados por el ministerio fiscal.
Respecto a la situación patrimonial de Enrique Arnal, señala que desde 2004 a 2010 constan salidas y entradas de fondos en sus cuentas que deben ser investigadas.
Asimismo, considera que deben ser investigadas las personas que pudieran ser beneficiarias de esas operaciones bancarias y de otras en efectivo porque si se detectara un incremento no justificado en su patrimonio se debería investigar.
El juez entiende, en los dos autos y sobre todas estas personas, que es un pronunciamiento "ajustado a derecho" y resalta que no se atribuye a ninguno de los familiares allegados participación alguna en los delitos investigados.
Sin embargo, sí que precisa que en el caso de los recurrentes Arnal y Marsal que no resulta aceptable el argumento de que no hay indicios de que los familiares más allegados no hayan podido beneficiarse de los efectos de los delitos investigados "cuando incluso viajes particulares y alojamientos en hoteles de algunos de ellos, incluso menores, se han satisfecho con fondos de la sociedad pública".
En el segundo caso, el magistardo recuerda que otros dos hermanos de los imputados García Martínez fueron administradores de sociedades administradas por ellos y que la madre intervino en la constitución de dos de las empresas.
