El Abogado del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, y la fiscal han solicitado al juez que se investigue los trabajos realizados para Emarsa por la empresa Gea Manuel, propiedad de dos cuñados del alcalde de Moncada, Juan José Medina. El instructor fijó ayer el 28 de marzo como fecha en la que interrogará a Enrique Crespo, al que acusa de varios delitos vinculados con el saqueo de la depuradora de Pinedo y para el que solicita una fianza solidaria de 25 millones de euros.
En una providencia con fecha de ayer emitida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que investiga el caso Emarsa, el magistrado instructor revela que tanto el Abogado del Estado como la fiscalía solicitan que los contratos de la empresa Gea Manuel con Emarsa sean incluidos en la investigación. Esta solicitud recoge una petición de la acusación popular, ejercida por el PSPV, que solicita se indague sobre la legalidad de los contratos y la facturación de esta firma, propiedad de los cuñados de Medina, que superó los 1,6 millones de euros entre 2004 y 2010. El alcalde de Moncada ha negado cualquier relación con esta firma, ni que se haya beneficiado de la misma.
Por su parte, en el mismo auto el magistrado fija la comparecencia de Enrique Crespo el próximo 28 de marzo a las 9.15 horas. Crespo dejó la alcaldía de Manises y la vicepresidencia de la Diputación de Valencia y pidió su baja temporal del PP el pasado 2 de febrero después de que el magistrado fijara una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran en su día declararse procedentes. El exalcalde justificó su decisión en que quería defenderse "libremente y voluntariamente sin tener que afectar a otra personas" y a su entorno. Crespo criticó que se le fijara esa fianza pese a no haber podido acudir a declarar.
El instructor fijó también en la misma providencia nuevas citaciones, entre ellas, la continuación de las comparecencias de otros imputados como el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta, para quien, tras algunas suspensiones, su declaración ha quedado fijada para el 5 de marzo.
Asimismo, el juez acordó la declaración de Daniel Calzada, administrador único de Llar Calzada para que siga prestando declaración el 6 de marzo; al exedil del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno para el 9 de marzo; al que fuera jefe medioambiental de la depuradora, Adolfo Polo, el 21 de marzo y a su mujer, Olga del Pozo Blanco, administradora de una empresa intermedia que facturó a la depuradora, el 23 del mismo mes.
En terreno no urbanizable
En la misma providencia, el juez une a la causa diversa documentación, como la certificación del secretario del Ayuntamiento de Valencia en la que se hace constar que el servicio de planeamiento no ha tramitado hasta la fecha ningún expediente de reclasificación o recalificación del suelo de los terrenos que ocupan las instalaciones de la depuradora así como que desde la aprobación definitiva del PGOU y hasta hoy, la parcela ocupa terrenos clasificados como suelo no urbanizable y calificados como infraestructura básica y de servicio.
Igualmente une a la causa el atestado remitido al juzgado por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Casas Ibáñez (Albacete), que comprende un informe y las manifestaciones de los dueños y administradores de empresas relacionadas con la construcción.
El magistrado instructor había solicitado al Instituto armado que le informara acerca de si Construcciones y Reformas Rocafort o alguna empresa contratada por ella realizó en 2008 o ejercicios anteriores alguna obra en esta localidad, de donde es natural Esteban Cuesta, ante la sospecha de que Emarsa pudiera haber pagado reformas en alguna vivienda de su propiedad.
Por otra parte, y en sendos autos de 10 febrero, el magistrado rechaza los recursos de reforma planteados, en primer lugar por el que fuera director financiero de Emarsa, Enrique Arnal; su hermano Antonio José, y su ex pareja Eva María Marsal y en segundo por los hermanos Sebastián y María Paz García Martínez contra la decisión en la que acordó que se llevara a cabo una investigación patrimonial sobre ellos y sus familiares más allegados.
El juez entiende, en los dos autos y sobre todas estas personas, que es un pronunciamiento "ajustado a derecho" y resalta que no se atribuye a ninguno de los familiares allegados participación alguna en los delitos investigados. Eso sí, el magistrado les recuerda que no hay indicios de que los familiares no hayan podido beneficiarse de los efectos de los delitos presuntamente cometidos y sobre los que se está indagando.
La abogada "enchufada" por Crespo reconoce que no cumplía su contrato
Leonor Moreno, imputada en el saqueo de Emarsa por presuntamente haber cobrado servicios no prestados, reconoció ayer que tenía un contrato de asesoramiento jurídico y asistencia judicial y laboral pero que no llevó "ningún caso judicial porque se me advirtió desde el principio que había un servicio jurídico interno". Moreno entró a trabajar para la depuradora, según el exgerente Estaban Cuesta, porque se lo impuso el expresidente Enrique Crespo, pero que no realizó trabajos. Esta letrada cobró 1.725 euros al mes durante dos años hasta que obtuvo una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Manises, que dirigía el propio Crespo. Moreno dijo a preguntas de su abogado, ya que se negó a responder al juez, que atendía por teléfono consultas de "asesoramiento externo" sobre la depuradora. Dijo también que solucionó alguna duda jurídica a Cuesta. Afirmó haber hecho informes que no aportó y que no constan en Emarsa, según Emshi.
