El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha ordenado el embargo preventivo de propiedades y cuentas bancarias de los exadministradores de empresas contratadas por Emarsa Paz García, Daniel Calzada y Antonio José Arnal, a quienes el magistrado impuso fianzas de 3,65 millones, 500.000 y 100.000 euros, respectivamente.

Respecto a María Paz García, el instructor de la causa que investiga una supuesta malversación de dinero público en la depuradora de Pinedo (Valencia) cuando era gestionada por la empresa Emarsa ordena el embargo de varias cuentas, de una vivienda unifamiliar y de un plan de pensiones.

Para intentar cubrir la fianza de 3,65 millones de euros que le exige a la hermana delexjefe de informática de Emarsa y administradora de Construcciones Rocafort, Construcciones Valsebe y Mantenimientos Valsmark, el juez también le embarga sus participaciones en estas tres mercantiles.

El instructor también dicta el embargo a Daniel Calzada, exadministrador de Llar Calzada y Rehabilita Aqua, de los saldos de varias cuentas bancarias y sus participaciones en estas dos empresas, así como en Artalacalta, donde es titular de la mitad de su capital social.

En cuanto a Antonio José Arnal, hermano del exdirector financiero de Emarsa, uno de los principales imputados en la causa, se ordena el embargo también de cuentas bancarias y un fondo de inversión valorado en 5.288 euros.

Hasta cubrir la fianza exigida, de 100.000 euros, se le embarga también una vivienda, una plaza de garaje y un vehículo, así como sus participaciones en las sociedades Arrima Centre d'Estudis y Mirador Aquarium.

Los tres imputados dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para recurrir esta decisión judicial, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos respecto a la resolución adoptada por el juez.

Por otro lado, el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, decidirá si une la investigación de Fiscalía sobre el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, cuando se pronuncie sobre si le imputa o no en su procedimiento.

Así consta en una providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con fecha de este lunes, en la que se pronuncia sobre la denuncia que le remitió a finales de marzo la fiscal jefa de la provincia de Valencia, Teresa Gisbert, --interpuesta por el PSPV-- contra Morenilla, por posible desvío de fondos de la entidad y presunto enriquecimiento ilícito. La fiscal decidió remitirla al juzgado con el objeto de que la uniera a las investigaciones que está practicando.

Al respecto, el magistrado recuerda que el ministerio fiscal y las partes acusadoras presentes en el procedimiento que instruye ya han interesado que Morenilla sea llamado a declarar en calidad de imputado, al observar presuntas irregularidades.

De esta forma, el juez entiende que hasta que no se resuelva sobre esta petición de imputación, no debe pronunciarse sobre si une a la causa la investigación que se instruía en Fiscalía. Así, indica que solo cuando se decida sobre la imputación, se podrá valorar la existencia o no de relación de conexidad entre los hechos objeto de las diligencias de investigación en el ministerio público y los hechos objeto de las diligencias en el juzgado.