El ex alto cargo del Consell imputado en el caso Emarsa, Ignacio Bernácer, acusa a la saqueada empresa y a su propietaria, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) de permitir el fraude en la depuradora de Pinedo. A través de su abogado, el exjefe de explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) señaló que si el consejo de administración de ambas entidades «hubieran ejercido una verdadera y real vigilancia y control sobre la depuradora de Pinedo los hechos acaecidos nunca hubieran sucedido».
Bernácer fue destituido fulminantemente en abril por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, después de que el juez que investiga el agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora le imputase al hallar indicios de criminalidad. A pesar del cese, sigue trabajando como funcionario, lo que supone que tiene acceso a los documentos de la administración.
Benácer se ha pronunciado por primera vez al respecto de la imputación y lo ha hecho a través de un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra su inclusión en el caso, en el que su abogado indica que «mi representado es responsable de ejercer una adecuada prestación del servicio en esa instalación como responsable del departamento de Epsar». Cabe recordar que el juez Vicente Ríos incluyó al ex alto cargo en el caso Emarsa basándose, en parte, en las declaraciones vertidas en la fase de instrucción por el ex director financiero de la empresa, Enrique Arnal; por el ex informático Sebastián García, conocido como «Chanin»; y por el exgerente, Esteban Cuesta. El primero de ellos declaró que era «evidente» que «solamente los señores Morenilla, Bernácer y Crespo -en referencia al exgerente de Epsar y al exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo-, disponían de los medios necesarios para organizar la trama Emarsa y enriquecerse de forma desmedida».
Bernácer muestra su sorpresa de que la representación procesal de la Emshi, dueña de Emarsa, afirme que su función era la «vigilancia y control de Emarsa» cuando, recuerda, en el reglamento orgánico de esa empresa figura que esa función corresponde a su consejo de administración y a Emarsa».
«Meras sospechas»
Insiste en que con sus datos aportará al juzgado todo lo necesario para justificar que la Epsar «no tuviera conocimiento del fraude perpetrado por Emarsa» y, en el caso, de ser desestimado el recurso pide el letrado que el juez le cite lo más pronto posible para declarar en sede judicial y «empezar a terminar el calvario que está atravesando».
Un «calvario» que achaca «a que quien ostenta el interés en desenfocar la investigación ha utilizado a Enrique Arnal y Sebastián García para alcanzar sus fines espúreos ».
En opinión del letrado del técnico de la Epsar «no aparecen indicios suficientes como para imputar a mi representado su participación en los hechos delictivos, que los indicios que se relacionan no pasan de meras sospechas o hipótesis de investigación, y sobretodo que parten, y con todos nuestros respetos, de errores de base en la intervención, facultades y atribuciones de la Epsar y, fundamentalmente, de mi patrocinado, que no pasa de ser uno de sus técnicos». Por ello considera que «debió ser llamado como testigo pero no como imputado».
Por otro lado, el letrado ha comunicado en el recurso al juzgado que se le ha denegado al acceso a la depuradora de Pinedo por escrito de un responsable de la misma para conocer el funcionamiento y le pide su intervención para una correcta defensa de su defendido.
