Más de dos meses después, la conocida como "primavera valenciana" sigue coleando. Unas 230 personas, según la Delegación de Gobierno, han recibido en los últimos días avisos de sanciones administrativas por infracción grave de entre 300 y 6.000 euros después de la concentración espontánea que se formó el día 17 de febrero frente al cuartel de la Policía Nacional de la calle Zapadores tras las cargas, cortes de calles y detenciones que durante esa semana llenaron el centro de la ciudad, según informó ayer la plataforma jurídica que representa a los afectados. Frente al instituto Lluís Vives, epicentro de unos sucesos que dieron la vuelta al mundo, decenas de jóvenes denunciados mostraron ayer su firme decisión de presentar alegaciones a las sanciones administrativas, que han llegado a "cientos de menores de edad", tal como asegura Sebastián Cabanes, miembro del colectivo Alerta Solidaria y de la plataforma jurídica. Algunas de las multas, en esta ocasión de carácter leve, han sido recibidas por aquellos que participaron en los cortes de la calle Xàtiva.
Según un comunicado que leyeron ayer, los estudiantes consideran que estos expedientes son "una provocación" y tratan de "criminalizar" sus protestas. Los jóvenes mostraron las notificaciones, firmadas por la secretaria general de la Delegación de Gobierno, Isabel Villalonga, (imputada en la pieza valenciana del caso Nóos). "Este alud de multas puede significar un punto de inflexión en el retroceso de las libertades de manifestación", aseguraron ayer los afectados.
Cabanes explicó que las personas sancionadas, "en su mayoría menores de edad", fueron denunciadas por concentración ilegal, por no disolver la manifestación a requerimiento policial y causar desórdenes y daños. Según Cabanes, esta descripción "no responde a la realidad" porque fue la Policía la que a su juicio retuvo con un "dispositivo desproporcionado" a los estudiantes que estaban en Zapadores en solidaridad con los detenidos días antes e identificó "con una táctica de miedo a todo el mundo, la mayoría menores".
"Queremos alegar para decir que no somos culpables de nada porque lo que ocurrió ese día es culpa de la delegada del Gobierno y de la Policía Nacional, que desencadenaron la primavera valenciana", señaló Cabanes, que hizo hincapié en que el Ministerio del Interior deja abierta la vía de abonar 301 euros en el caso de las sanciones graves y 60 en el de las leves para dar por finalizada la cuestión y que la sanción no vaya a mayores, aunque, según Cabanes, ninguno de los denunciados ha optado por lo que consideran que es reconocer su culpabilidad.
Según la Delegación de Gobierno, sin embargo, ya hay tres personas que han decidido pagar. Fuentes de la administración explicaron ayer que 171 mayores de edad serán sancionados con 300 euros, la cuantía mínima. Además, 59 menores tendrán que pagar o 200 euros -los 53 de edades entre los 16 y los 18 euros- o 100 -los seis que tienen entre 14 y 16 años-.
"Eran tácticas militares"
Todos los detenidos coinciden en su relato. Uno de ellos, Josep Villaroya, profesor del IES Ferrer i Guàrdia, dio ayer a Levante-EMV su versión de lo que ocurrió aquella tarde: "Cuando vi que los chavales se iban hacia Zapadores decidí seguirlos. La Policía Nacional cortaba el tráfico desde el centro hasta el cuartel para permitirnos llegar sin problemas. Pero una vez allí nos rodeó cuando parte de los concentrados se fueron a la Ciudad de la Justicia, donde habían sido trasladados los detenidos. Eran tácticas militares; se quedó atrapada en ese círculo que formaron los agentes incluso gente que pasaba por allí. Los chavales se asustaron y se cogieron de los brazos, pero no hubo ningún disturbio". En la misma línea se manifestó María, una joven de 18 años, estudiante del Lluís Vives, que se niega a pagar la sanción que ha recibido, como muchos de sus compañeros.
"Desórdenes públicos y cortes de calles"
Las denuncias aseguran que los jóvenes "se negaron a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes públicos y provocando cortes de tráfico". Los denunciados critican que la Policía Nacional utilice una "fórmula genérica": todos han recibido la misma multa.
Mientras, los padres de algunos de los jóvenes que han recibido la sanción continúan con sus críticas a la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y piden su dimisión. Es el caso de Antonio Jorge San Vicente, que ha hecho llegar a Levante-EMV una misiva en la que explica que la delegada "dio muestras de una incapacidad personal directamente proporcional a su gusto por el ordeno y mando al encender un fuego que después no sabría apagar". Á. S. valencia
