El exalcalde de Manises e imputado en el caso Emarsa, Enrique Crespo, utilizó ayer su declaración ante el juez que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo para dar su versión sobre la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del contrato del agua de Valencia para los próximos 50 años, un fallo que nada tiene que ver con el juzgado en el que prestaba declaración ayer pero por el que se ha visto salpicado públicamente. Crespo, que cumplía su quinto día de declaración , introdujo el tema a preguntas de su abogado y afirmó que esa adjudicación que ganó Aguas de Valencia "estuvo visada por todos los técnicos de Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) sin ningún tipo de informe desfavorable y llevado a asamblea donde allí se aprobó la contratación".

"No he tenido la oportunidad de leer la sentencia del TSJ pero si se dice que se invalida la adjudicación por contratar los estudios de una empresa que no tenía como objeto social el tema de aguas como es Secuenzia Píxel, quiero decir que esta firma se contrató a indicaciones del vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau", explicó Crespo. Según el exalcalde de Manises, que participó en esta adjudicación como presidente de la Emshi, "el ayuntamiento estaba muy preocupado en este contrato porque podía afectar a sus intereses y no confiaban con la imparcialidad del técnico de la Emshi, el señor Alejando Mulet, por sus antecedentes políticos como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valencia". Además, apuntó que desde el consistorio "exigían un informe previo de valoración de las ofertas por una empresa que les daba confianza como era ésta, ya que disponía de un técnico especializado en temas de aguas que es el que realizó el informe de análisis de las ofertas presentadas al concurso".

Grau aseguró a Levante-EMV que no ha tenido nada que ver con la empresa que avaló el contrato de 2.500 millones de euros para 50 años a Aguas de Valencia. Según explicó, Enrique Crespo sólo le consultó un par de veces sobre cómo constituir una empresa mixta, en este caso Emimet, ya que el vicealcalde había dirigido Emivasa y quería plantear el mismo modelo.

El TSJ anuló la pasada semana la adjudicación del contrato del suministro de agua potable del área metropolitana de Valencia a la empresa Aguas de Valencia. La sentencia estimó un recurso presentado por Aguas de Barcelona contra el acuerdo de la asamblea de la Emshi celebrada el 31 de julio de 2008.

Por su parte, Crespo continuó explicando al juez que su responsabilidad en el saqueo de Emarsa es la misma que la del consejo de administración y que la empresa pública se utilizaba para "colocar" a militantes de partidos políticos y familiares.

El juez instructor acordó ayer solicitar una fianza de 400.000 euros a Cristina Segarra, la esposa del exgerente Esteban Cuesta, porque considera que se podría haber lucrado del dinero presuntamente defraudado en la depuradora de Pinedo. Si no cumpliera con el mandato judicial las 24 horas posteriores a la notificación se le embargarán bienes por ese valor. En el auto en el que dicta la fianza, el juez revela transferencias y otros beneficios a Segarra.