Cualquier decisión económica que se tome a partir de ahora en la Marina Real Juan Carlos I tendrá que contar con el visto bueno del Gobierno central. Así se acordó ayer en la primera reunión del consejo rector del Consorcio Valencia 2007 tras el cambio de Gobierno. La alcaldesa y presidenta del Consorcio, Rita Barberá, que hizo "casus belli" del amago del anterior Ejecutivo socialista de asumir las riendas del Consorcio dado que avalaba económicamente las obras, justificó ayer que el Gobierno, ahora del PP, se reserve el derecho a veto en las decisiones económicas del Consorcio. "Es normal que quiera tener más control porque debemos mucho y porque va a haber unos ingresos", apuntó.
Las tres administraciones (estatal, autonómica y local) del Consorcio aprobaron la modificación de los estatutos. Cada una tendrá cuatro consejeros -en total 12, cuatro menos que antes- y un tercio de la representación.
En la reunión se nombró al nuevo director general del Consorcio, el ex director de gabinete de Francisco Camps, Pablo Landecho, que asume el reto de poner en marcha un plan financiero para rentabilizar los amarres, el Veles e Vents, las bases y el resto de infraestructuras de la Copa.
También se nombró una comisión delegada que se asumirá la gestión directa de la marina y podrá empezar a arrendar edificios y aprobar concesiones. "Todo menos vender", recalcó Barberá, quien aseguró que está por clarificar con el puerto la propiedad del suelo de la dársena. Entre las prioridades, la demolición de la mayoría de bases deportivas, poner más farolas porque "por la noche la dársena es una boca de lobo", y adjudicar los chiringuitos para este verano, apuntó Barberá.
Con los ingresos por la explotación de la marina se ha de devolver el crédito de casi 400 millones de euros del ICO con el que se pagó la remodelación de la dársena. Al margen de la deuda con el banco estatal, el balance de explotación del Consorcio arroja un superavit de 980.000 euros, gracias en buena medida al alquiler de los amarres. Así lo explicó ayer Jorge Gisbert, director "en funciones" del consorcio durante los últimos seis años, quien reivindico la gestión de su equipo en un clima muy poco propicio por los continuos enfrentamientos entre las administraciones de distinto color político. La previsión en el mejor de los escenarios es que con la explotación de la dársena se devuelvan 250 millones de euros. El resto, los deberían pagar las administraciones.
"Ver resultados en dos años"
Con la llegada del PP al Gobierno, Rita Barberá dio por superada la "paralización obsoleta y triste" de la dársena. Con el Gobierno de Rajoy, remachó Barberá "hemos puesto el turbo". La subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda, que acudió a la reunión en representación del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, destacó el potencial de la marina y confió en que "en empezar a ver resultados en un par de años".
Antes del consejo, los nuevos consejeros guiados por Rita Barberá visitaron la dársena y comieron en un restaurante del paseo marítimo. El presidente Alberto Fabra les acompañó.
El consorcio tomará como base para definir el plan estratégico de la marina y los usos futuros el concurso de ideas que ganaron Nouvel y GMP y que preveía tiendas, restaurantes y viviendas en los muelles, aunque adaptado a la nueva realidad. Barberá quiere convertir la marina en "un polo tecnológico". Ella y el conseller de Hacienda, José Manuel Vela afirmaron que, pese a las dificultades económicas actuales, "la dársena tiene potencial para ser el mejor puerto deportivo de España".
