Vecinos a favor y en contra de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar se han unido para hacer frente común a la degradación urbanística y social que sufre el Cabanyal desde hace años. En una asamblea celebrada el martes por la tarde en el Ateneo Mercantil se logró reunir a entidades tan opuestas como Salvem el Cabanyal y "Sí volem", a las que se sumaraon colectivos de reciente aparición como el 15-M y otros históricos del barrio, como la Asociación de Vecinos del Cabanyal y los comerciantes.
En la asamblea se acordó presentar un requerimiento avalado por un centenar de firmas vecinales ante la Conselleria de Sanidad y las concejalías de Urbanismo y Sanidad para reclamar la intervención en el barrio dados los problemas de insalubridad que se han detectado en varias casas, algunas de titutaridad municipal, ocupadas.
El barrio, declarado Bien de Interés Cultural, se ha convertido en territorio sin ley, según apuntan los vecinos, puesto que "no se cumplen ordenanzas básicas como la de limpieza, mantenimiento de edificios y seguridad", explicó el presidente de la Asocación de Vecinos del Cabanyal, Vicente Guallart.
El conflicto judicial que enfrenta a los vecinos detractores de la prolongación y el derribo de cientos de casas con el Ayuntamiento de Valencia está enquistado. Como consecuencia de la orden del Ministerio de Cultura que paralizó el plan, el ayuntamiento ordenó la suspensión de todas las licencias de obra del barrio, lo que impide a los vecinos rehabilitar sus casas.
Prueba de la degradación de las casas centenarias del Cabanyal es el desplome interior de una vivienda privada de la histórica calle de la Reina en la que resultó herido un hombre de 67 años.
Mientras llega la resolución del Tribunal Constitucional sobre el plan del Cabanyal, los vecinos quieren superar las diferentes posturas entre los que apoyan la prolongación y los que no y trabajar por un futuro mejor para los vecinos.
En su escrito de denuncia, los vecinos advierten de la existencia de situaciones de grave insalubridad en las casas y solares abandonados con riesgo directo para la salud. Denuncian la presencia de roedores, focos de infección, pulgas y riesgo de incendio, así como perdida de la seguridad constructiva que se puede estar produciendo en el interior de algunas propiedades municipales o privadas, que se encuentran ocupadas ilegalmente, o tapiadas a las que se ha accedido a través de orificios desde viviendas colindantes.
