Una ley aprobada en 1963 que condiciona varias cláusulas de la municipalización y creación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en 1985 podría frenar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea el Ayuntamiento de Valencia para despedir a 208 trabajadores de la empresa pública tras rechazar estos una bajada de sueldo del 15 %. Saltuv, la antigua propietaria del transporte urbano en Valencia, tiene la concesión de este servicio hasta 2014, según una norma aprobada en época del dictador Franco y que todavía está vigente. En caso de que se variara «la unidad de plantilla», según el pliego de municipalización del servicio, Saltuv, a la sazón los trabajadores que vienen de la antigua sociedad, podría recuperar el servicio y quitárselo al consistorio.
El Gobierno de Franco otorgó a Saltuv, una sociedad anónima laboral, la concesión de transportes urbanos de Valencia el 1 de julio de 1964 a través de la Ley 99/63 de 8 de julio, que fue desarrollada por el decreto 1358/64 de 30 de abril. La adjudicación es para 50 años y finaliza en 2014. Esta concesión fue cedida temporalmente por Saltuv al Ayuntamiento de Valencia en 1985 para la municipalización de la empresa pero no sin contraprestaciones, ya que se pactaron varias cláusulas para mantener los puestos de trabajo y para poner todas las trabas posibles a una posible privatización.
La municipalización se aprobó en un pleno extraordinario el 23 de julio de 1985 con los votos a favor de los 20 concejales que sumaban el PSPV y el Partido Comunista y con los votos en contra de Alianza Popular, que se opuso a la gestión pública del servicio. El punto «1F» del acuerdo al que ha tenido acceso Levante-EMV reza que «el ayuntamiento reconoce a Saltuv el derecho de reversión de la concesión mediante tasación contradictoria de valor en el caso de que se incumpliere el mantenimiento de los trabajadores a que se ha hecho referencia en el apartado B». Es claro que este derecho de Saltuv sobrevive hasta que finaliza la concesión, en este caso en 2014.
Y es ese punto «B» el que podría hacer temblar el ERE planteado por el ayuntamiento en la EMT. Esta cláusula indica «que la empresa privada municipal asuma todos los trabajadores de Saltuv en activo, según la relación adjunta, manteniéndose la unidad de plantilla, es decir, asumiendo dicha empresa municipal la obligación de mantener en su plantilla laborar a los trabajadores».
Este acuerdo fue negociado por el ayuntamiento socialista de la época con el comité de empresa y los propietarios de Saltuv, que en realidad eran los trabajadores. Según explicó el en aquella época concejal de Tráfico y Transportes, José Cabrera, «estos pactos tenían una intención clara, poner trabas a la privatización del servicio público en un futuro y a convertir la medida en irreversible».
El PP se opuso a la cláusula
Alianza Popular, hoy PP, se opuso a la municipalización y en una enmienda atacó el punto que puede poner en entredicho el ERE. El concejal ya fallecido Salvador Palop propuso que la concesión no pasase a los trabajadores en caso de incumplimiento de las cláusulas ya que eso «hipotecaba» a futuras corporaciones. La enmienda fue rechazada.
Derecho de tanteo de los empleados en caso de privatización antes de 2014
El acuerdo entre Saltuv y el Ayuntamiento de Valencia para municipalizar el servicio de transporte urbano contempla una cláusula que da derecho de tanteo a los trabajadores para comprar la empresa en caso que el consistorio intentara privatizarla.
El punto «1E» del acuerdo de 1985 deja claro que el ayuntamiento «reconoce a Saltuv para los supuestos de una reprivatización total o parcial los derechos de tanteo y retracto al que se refiere el artículo 171 de la Ley de Régimen Local durante el periodo de tiempo que comprenda hasta 2014 y el derecho de tanteo de los artículos 117 y 123 y demás concordantes del reglamento de Corporaciones Locales, por el mismo periodo antes citado. Da a la comisión designada la legitimación bastante para ejercer esos derechos en nombre de Saltuv».
El derecho de tanteo es la capacidad de una persona física o jurídica de exigir a otra, con relación a la compraventa de un bien o servicio, que se lo venda a él por el precio que ya tenía acordado con un tercero.
José Cabrera, que fue el impulsor de la municipalización del servicio, «porque nos lo creíamos», explicó que las negociaciones para firmar este convenio fueron «muy duras» y que, cinco meses después y con la EMT ya creada, le costó «una huelga de meses». «Ya nos encargamos de que fuera difícil reprivatizarla», recordó.
