Las cláusulas laborales del expediente de municipalización de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que hizo públicas ayer Levante-EMV se van a convertir en uno de los caballos de batalla de las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) entre la empresa pública y los trabajadores. Desde la EMT aseguraron que conocían estos documentos y les restaron importancia porque están «preparados legalmente». «En el peor de los casos», apuntaron fuentes de la firma propiedad del Ayuntamiento de Valencia, el blindaje «podría amparar a los 220 trabajadores que quedan de la antigua Saltuv de un total de 1.500 que tiene la EMT». Además, afirmaron, «tampoco está claro que ese acuerdo se pueda aplicar puesto que desde 1985 la normativa laboral ha cambiado mucho».
No piensan igual en el comité de empresa que ven en estas cláusulas negociadas por la antigua Saltuv, a la sazón los propios trabajadores, «un arma» de cara a dificultar el ERE. Fuentes del comité de empresa afirmaron a este periódico que los acuerdos que blindan a los trabajadores también se encuentran recogidos en el convenio colectivo 2008-2011, que actualmente se encuentra denunciado por el comité de empresa y que no se ha renovado, por lo que continúa vigente.
«Concesión vigente»
Desde el comité de empresa consideran que «todos los trabajadores» de la EMT forman parte de la fundación Fultuv, la heredera de Saltuv y la entidad que tiene la concesión del transporte en Valencia otorgada por Franco en 1964 para 50 años. Por ello, defendieron, el blindaje «debería ser extensivo a toda la plantilla». Las mismas fuentes explicaron que la concesión sigue vigente en la actualidad y no finaliza hasta el 31 de diciembre de 2014.
Como ya contó este periódico, la extinguida Saltuv (ahora la fundación Fultuv) tiene la concesión del transporte urbano de Valencia hasta 2014. Con la municipalización de la empresa en 1985, Saltuv acordó cederle al Ayuntamiento de Valencia este servicio para municipalizar la empresa, pero con unas condiciones muy concretas para la protección de los puestos de trabajo. Entre las cláusulas destacaba una. En caso de que se variara «la unidad de plantilla», los trabajadores podrían recuperar el servicio y quitárselo al consistorio.
Este acuerdo fue negociado por el ayuntamiento socialista de la época con el comité de empresa y los propietarios de Saltuv, que en realidad eran los trabajadores.
El PP se opuso a la municipalización del servicio y en su enmienda presentada atacó el punto que puede poner en entredicho el ERE. El concejal ya fallecido Salvador Palop propuso que la concesión no pasase a sus trabajadores en caso de incumplimiento de las cláusula ya que eso «hipotecaba» a futuras corporaciones. La enmienda fue rechazada y el acuerdo aprobado.
Estas trabas, que se impusieron en 1985 con la única razón de mantener los puestos de trabajo y evitar una futura privatización, que no contempla el Ayuntamiento de Valencia, se han convertido ahora en el elemento de debate entre las dos partes y con unas estrategias bastante claras.
La empresa pública considera que posiblemente las cláusulas de blindaje ya no tengan vigencia y que, en todo caso, ampararía sólo a los trabajadores que estaban en la empresa cuando fue municipalizada, unos 220. Por su parte, el comité cree que la concesión no finaliza hasta 2014 y que todos los empleados están amparados por el blindaje.
Comité y empresa se reunirán para negociar antes de ejecutar los despidos
La dirección de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia y los sindicatos con representación en la compañía acordaron ayer la celebración de dos reuniones semanales (martes y jueves, excepto la semana que viene, que será martes y viernes) para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado en la compañía antes de su ejecución, previsto a partir del 7 de agosto, según explicaron fuentes de la compañía a este periódico. Desde la empresa pública apuntaron que en el encuentro celebrado ayer a primera hora de la tarde los representantes sindicales firmaron el acuse de recibo de toda la información referida al ERE y que se les comunicó formalmente la pasada semana. La EMT oficializó el pasado viernes 6 de julio la apertura del ERE, que prevé el despido de 209 trabajadores. Si tras las reuniones que mantendrán en las próximas semanas no se llega a ningún acuerdo, el próximo 7 de agosto se empezará con la extinción de contratos. La finalidad de estos encuentros entre la empresa pública y trabajadores es acercar posturas para lograr un acuerdo y ver si se puede evitar el ERE. La idea de la empresa es que los empleados se bajen los salarios y se tomen otras medidas a austeridad para reducir unos 10 millones de euros de gasto. La empresa pública tiene unos 1.500 trabajadores entre conductores, mecánicos y personal del edificio administrativo. sergi pitarch valencia
