El Ayuntamiento de Valencia no ha conseguido adjudicar las 85 viviendas municipales que tiene desocupadas en Ciutat Vella, Benicalap, Sant Isidre y Sant Pau después de varios sorteos y pese a las insistentes peticiones de los grupos de la oposición de que se intensifique la búsqueda de inquilinos para esos pisos. El último partido en reclamar soluciones ha sido Esquerra Unida, cuya concejala en el consistorio, Rosa Albert, ha pedido que se condicionen esas viviendas para erradicar los asentamientos ilegales.

Tal como informó la Concejalía de Urbanismo, el Servicio de Patrimonio gestiona 100 viviendas en régimen de alquiler de las que 21 están vacías por motivos burocráticos o por mal estado de conservación, mientras que la empresa municipal Aumsa tiene en propiedad 644 viviendas en régimen de alquiler o alquiler con opción de compra de las cuales 38 están vacías. Además, la Concejalía de Bienestar Social, por su parte, gestiona 94 viviendas del Censo de Vivienda Precaria, de las cuales 11 están vacías. De estas, cinco están en fase de rehabilitación, cuatro esperan a ser rehabilitadas, una ha sido ocupada ilegalmente y el resto «está en fase de adjudicación».

A estas 70 viviendas disponibles hay que sumarles las 15 disponibles en Sant Pau, que forman parte de una promoción de 45 pisos ubicadas en la calle Marqués de San Juan, una zona residencial de expansión urbana del distrito de Campanar. Las viviendas tienen garaje y trastero. La venta de estas viviendas, con los precios del metro cuadrado de la VPP actuales, supondrían unos ingresos de tres millones de euros para el consistorio. Pero como no encuentra comprador para ellas, estos pisos lastran ligeramente las cuentas de Urbanismo. En concreto, el consistorio paga alrededor de 8.000 euros al año en concepto de gastos de comunidad, que el consistorio abona a año vencido, una situación que, por otro lado, está generando malestar entre los propietarios que no entienden cómo los pisos siguen vacíos siete años después de estar acabados.

La situación con respecto a esas viviendas aún vive un nuevo episodio, porque Urbanismo, después de un nuevo sorteo, no ha encontrado inquilinos dispuestos a hacerse con las viviendas debido, en parte, a la dificultad por conseguir créditos bancarios. Así, de los que quedaron en lista de espera han tenido 15 días para decir si estaban o no interesados en las viviendas. Eran un total de 80 personas para las 15 viviendas.

Pisos para erradicar asentamientos

Mientras, Rosa Albert presentó una moción en la última comisión de Progreso Humano para que se condicionen las viviendas vacías de propiedad municipal y que las mismas se dediquen a erradicar los asentamientos existentes actualmente en Valencia. Según explicó la edil, «la existencia de asentamientos es una realidad que, desgraciadamente, se encuentra a la orden del día en nuestra ciudad, sin embargo, lo más grave de esta situación es que nos estamos refiriendo a unos lugares en los que las condiciones higiénico-sanitarias en las cuales viven estas familias son infrahumanas».

Para Albert, a dichas condiciones de insalubridad hay que añadir el riesgo de abandono escolar de los niños y niñas que viven en ellos. En este sentido, la concejala recordó que en el mes de octubre de 2011 el grupo municipal de Esquerra Unida propuso la elaboración de un plan integral de erradicación de la vivienda en precario en el cual participaran las delegaciones de Bienestar, Educación, Empleo, Patrimonio y Medio Ambiente. «¿Cómo es posible que el PP permita que haya viviendas municipales vacías con la situación económica en la que se encuentra sumido el País Valenciano», se preguntó la concejala.