Una sentencia del juzgado de la contencioso administrativo número 3 de Valencia obliga al Ayuntamiento de Valencia a asumir el sobrecoste de un edificio en ruinas en el número 273 de la calle Doctor Lluch. El juez da así la razón al propietario del edificio ruinoso que recurrió contra el consistorio cuando éste intentó cargarle no sólo el pago de los 5.670 euros que costó echar abajo el inmueble sino otros 22.000 euros generados por las medidas complementarias de seguridad que hubo que adoptar.
El magistrado resuelve que al vecino sólo le corresponde pagar el coste del derribo en sí, cifrado en 5.670 euros, según el presupuesto que le pasó la contrata municipal de derribos, Secopsa, tras aceptar la ejecución subsidiaria de la demolición ante la imposibilidad del titular de hacerse cargo de la misma.
El juez reprende al ayuntamiento por tolerar el sobrecoste del 400% del presupuesto "sin causa legal alguna para ser imputable al recurrente". Además, pone en solfa la "ligereza" con la que el técnico de Secopsa declaró en la vista que "se da un presupuesto, que luego puede cambiar; si no se acierta el precio, se modifica".
