El PSPV pidió ayer al equipo de Gobierno local que rebaje el alquiler de las viviendas de protección pública en un 25 %. Los socialistas denunciaron el precio "abusivo" de estos alquileres y el mal uso del patrimonio han llevado a la existencia de un centenar de viviendas municipales vacías y a la pérdida de 350.000 euros de ingresos anuales.

En el año 2008, la Generalitat incrementó el precio de la VPO hasta los 1.819 euros el m2, un 87 % más que lo que se pagaba en 2001, 973 euros por m2. Sin embargo, según los socialistas, si se hubiera aplicado el IPC, el precio actual de la vivienda sería de 1.200 euros el m2.

Ésta es, según el concejal socialista Vicent Sarrià una de las razones del grave endeudamiento de las familias valencianas con las hipotecas, ya que en otras ciudades de población similar, como Zaragoza, Sevilla o Málaga, el precio de la vivienda protegida es mucho más reducido. Sarrià aseguró que el "fuerte" incremento que aplicó la Generalitat al módulo básico estatal -con la "complicidad" de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien "jamás protestó" por esta medida- ha hipotecado "de por vida" a miles de familias valencianas. Como consecuencia, el alquiler de las viviendas municipales también ha subido, ya que el precio se calcula al aplicar para cada metro cuadrado el 4,5% anual sobre el precio del metro cuadrado de venta.

El ayuntamiento gestiona un total de 744 viviendas, entre el Servicio de Patrimonio (100 viviendas) y la empresa municipal Aumsa (644 viviendas). Un centenar de esas viviendas está vacía, según los socialistas, que recuerdan que el consistorio deja de ingresar por ello unos 350.000 euros anuales. Por ello, los socialistas pidieron ayer un "precio más asequible". levante-emv valencia

Los inquilinos de las viviendas de la empresa municipal AUMSA firmaron sus respectivos contratos de compra, alquiler o alquiler con opción a compra donde consta que deberán hacerse cargo de los gastos comunes del edificio. Sin embargo, el documento no especificaba unas cuantías que superan los 200 y 300 euros al trimestre en algunas de las promociones municipales.

Los elevados gastos de comunidad -sumado a un precio de alquiler igual o superior al de viviendas de renta libre- ha supuesto que algunos inquilinos rescindan el contrato y que otros estén buscando una alternativa a la vivienda de protección oficial que ocupan en la actualidad y que "no cumple con las previsiones que teníamos y más si se tiene en cuanta una situación de crisis como la actual".

Por ello,en promociones como la ubicada en la calle Arquitecto Lago Segura sólo están ocupadas 4 de las 14 viviendas disponibles, una situación que se repite en otras promociones como de la calle Maestro Rodrigo, Maldonado, Oset o Trafalgar.

Los afectados aseguran que, además, los gastos de comunidad se disparan en aquellas promociones de pocas viviendas pero que cuenta con varias plantas de garaje que se comunican con una rampa elevadora o un ascensor, o que disponen de zona ajardinada. "Tenemos facturas por el mantenimiento del ascensor que superan los 800 euros al trimestre, y algunas de más de 100 euros por una zona ajardinada que es un secarral. Es más, nos cobran hasta facturas de gas cuando tenemos placas solares", explican.