En vísperas de que se presente la ordenanza sobre la prostitución que prevé multar a clientes y meretrices en Valencia, ha entrado en vigor el convenio de colaboración entre la Generalitat, la Administración General del Estado, el ayuntamiento y Cáritas Diocesana para llevar a cabo un programa integral de atención a las personas que ejercen la prostitución en la capital.
Este acuerdo, que se firmó el pasado mes de julio de 2012, contempla la realización de un programa para la prevención, la sensibilización, el acompañamiento y la intervención con las personas que se prostituyen en Valencia.
Entre las acciones previstas está la de ofrecer información sobre todos los tipos de recursos de que se dispone para trabajar en este campo, y la de crear una comisión técnica de seguimiento de este programa.
La Generalitat financiará los costes de personal del equipo de especialistas que contratará Cáritas Diocesana. Además, la administración autonómica coordinará la obtención de la tarjeta solidaria o el acceso al Centro de Información y Prevención del Sida (CIPS), entre otros. El ayuntamiento se encargará de las actuaciones en los centros municipales de servicios sociales, en el Centro de Atención a Personas sin Techo, en el Centro Municipal de la Mujer-CMIO, y en el Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI). Además, el consistorio financiará cuatro plazas en el piso para mujeres inmigrantes y concederá hasta veinte ayudas de entrada en vivienda.
