El Ayuntamiento de Oviedo se ha quedado con una fianza de 1,3 millones de euros de la empresa que construyó el Palacio de Congresos de Buenavista porque la enorme visera diseñada por Santiago Calatrava no tiene movilidad, como figuraba en el proyecto. En Valencia, en cambio, los problemas de montaje de la «cresta» del Ágora, obra también de Calatrava, no ha tenido repercusión alguna sobre el arquitecto valenciano ni la empresa constructora, la UTE formada por Cyes, Lubasa y Pavasal. Es más, los problemas de montaje de las lamas móviles, almacenadas en un descampado detrás de l ´Oceanogràfic, no han supuesto ninguna modificación en los planes de la Generalitat, cuya responsable de Turismo, Lola Johnson, sólo ha anunciado que el proyecto queda aplazado a la espera de una mejor coyuntura económica.

En el caso de Oviedo el problema ha sido una gigantesca visera de costillas de acero que cubría el palacio de congresos y que, según el proyecto de Calatrava, debía tener movilidad. Al parecer, un problema de montaje impide que esta visera se levante y después de constatar las dificultades para cambiar el sentido de las cosas el Ayuntamiento ha decidido renunciar a ese detalle y dar por acabada la obra. Eso si, como no se ha cumplido con el contrato en su totalidad, ha decidido „lo ratificó en Junta de Gobierno el pasado jueves„ retener 1,3 millones de la fianza que en su día depositó la empresa constructora Jovellanos XXI como garantía del cumplimiento del contrato.

En Valencia la situación es peor, entre otras cosas porque la «cresta» que debe coronar el Ágora, que sería el equivalente a la visera de Oviedo, ni siquiera se ha instalado. Las 163 lamas gigantes que la forman, con un peso equivalente a 1.388 toneladas, permanecen apiladas en un solar situado detrás de l´Oceanogràfic. Y aunque el hermetismo es total sobre este asunto, un motivo conocido, al margen de los problemas financieros del Consell y de alguna de las empresas implicadas, es que al menos 40 de estas piezas tienen una medida y una curvatura equivocadas, lo que desaconseja su montaje.

En esta situación, los tres actores del proyecto „la UTE, Calatrava y la Generalitat Valenciana, responsable del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa)„ se enfrentan a la necesidad de rehacer el material defectuoso y pagarlo, un desembolso que añadido al del montaje y remate del edificio parece que no se puede permitir el Consell.

Obras aplazadas

Sin precisar gastos, la consellera de Turismo, Lola Johnson, aseguró hace dos meses en las Corts Valencianes que las obras del Ágora «no son una prioridad» en la actual coyuntura económica, que «no hay plazo» para cerrar este faraónico proyecto. Resaltó, eso sí, que el edificio está en funcionamiento desde hace dos años y cuenta con la certificación de obra de Santiago Calatrava.

Ni una alusión a un posible final precipitado de la construcción ni mucho menos a posibles responsabilidades de la empresa constructora o del propio arquitecto, que en todo el proceso ha tenido un trato singular de las administraciones valencianas.

Hay un dato ilustrativo. El Ágora, edificio para el que todavía no se ha encontrado un uso sustancial y que se construyó para cerrar el complejo de la Ciudad de las Ciencias por el este, se adjudicó en el año 2006 por 41,3 millones de euros y al término del mismo, en el año 2010, ya acumulaba, según la Sindicatura de Cuentas, un desembolso de 93 millones. La propia Lola Johnson admitió en las Corts que el gasto iba ya por 76,9 millones de euros, un 86% más de lo previsto.

Ayer ni Cacsa ni la UTE se pronunciaron sobre la situación del Ágora, sobre fianzas o posibles responsabilidades.