El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia que avalaba la Orden del Ministerio de Cultura que paraliza el plan urbanístico del Cabanyal-Canyamelar por considerar que comete expolio.
Así lo han indicado fuentes de la Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar en un comunicado, en el que consideran que esta nueva sentencia, que "reafirma" la Orden y contra la que no cabe recurso, supone "otro fracaso judicial del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat".
La resolución de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, hecha pública por la plataforma, desestima el recurso de reposición presentado por ambas Administraciones valencianas, después de que la misma Sala resolviera a favor de la Plataforma el incidente de ejecución de sentencia promovido por Ayuntamiento y Generalitat.
"El Ayuntamiento y la Generalitat han agotado esta vía que tanto tiempo y dinero han hecho perder para la definitiva rehabilitación del Cabanyal-Canyamelar", han señalado las fuentes.
La Plataforma Salvem el Cabanyal exige al Ayuntamiento que "cumpla con la legalidad vigente" e inicie "de una vez por todas los cambios necesarios" en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal "con el fin de eliminar todo lo que supone expolio" y "destrucción del patrimonio del Conjunto Histórico Protegido".
"Animamos a los partidos políticos con representación municipal a que exijan, con la contundencia que merece la tozudez del gobierno municipal, la rápida revisión y adaptación del PEPRI según las directrices de la Orden Ministerial de 2010", agregan fuentes de la Plataforma.
En su opinión, la actitud del gobierno municipal "nada más contribuye a malgastar los recursos públicos y a utilizar de forma partidista los servicios jurídicos que han de velar por el interés general".
En su comunicado critican que esos servicios se utilicen para "preparar informes de encargo -promover su interpretación de la imposibilidad de dar licencias de obra y actividad- y recursos judiciales que no tienen fundamentos jurídicos suficientes, tal y como demuestran las sucesivas sentencias que han dictado los tribunales en los últimos años".
