La concejal en el Ayuntamiento de Valencia y exconsejera de Emarsa, Maria Àngels Ramón-Llin, declaró ayer que en 2009 solicitó información al secretario y al interventor de la empresa pública porque ya no se fiaba del presidente de la entidad, su compañero en el PP y exalcalde de Manises, Enrique Crespo. Ramón-Llin reveló que fue ella quien comunicó al otrora conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, que la única solución era liquidar Emarsa, basándose en un informe de la empresa auditora.

La exconsejera de Emarsa afirmó en su declaración como testigo que tuvieron que acudir al secretario porque, tanto Crespo como el gerente Esteban Cuesta, no informaban al consejo "realmente". "El presidente y el gerente, con la aquiescencia del asesor letrado, nunca nos manifestaron ninguna situación anómala, sino al contrario, nos indicaban que todo iba bien y que los desequilibrios patrimoniales no tenían importancia", explicó la regidora del Ciclo Integral del Agua.

Ya en 2010, indicó que en base a un informe jurídico de la auditora Mazars, en el que se mantiene que la reducción de capital no solucionará el problema de Emarsa, llegó a la conclusión de que la empresa no era viable por la gestión, pero nunca -aclaró- "intuyendo cualquier otro tipo de situación que hemos descubierto con posterioridad".

Ramón-Llin aseguró desconocer el convenio de financiación de Emarsa con la Generalitat, por el que, según el juez, se fraguó parte del presunto desfalco. Aún así, el instructor le reprochó que sí que se había informado de este instrumento en alguna de las reuniones a las que acudió.

La concejal explicó al juez que en 2010 avisó a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, del "problema" de la entidad, y le pidió que le relevaran de su cargo de consejera si no se liquidaba la empresa pública y se cedía la gestión de la depuradora de Pinedo a la Generalitat. Ramón-Llin añadió que Barberá la puso en contacto con Cotino para explicarle su decisión. Cotino le respondió que iba a hablar con Crespo. La liquidación y traspaso al Consell fue la decisión que finalmente se tomó.

Por su parte, la declaración como testigo del exvicepresidente de Emarsa y alcalde de Albal, Ramón Marí, coincide con la versión de Ramón-Llin, ya que éste también argumentó que los directivos de Emarsa no mantenían informado al consejo de administración.

El abogado del exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, reprochó a Marí que su cuñado trabaje en la empresa Aqualia, que gestiona el agua del municipio de Albal donde gobierna. Éste le contestó que su familiar lleva 20 años en el sector del agua.