Hace años la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente les concedió una ayuda por adquirir su primera vivienda, pero a día de hoy ni la han cobrado ni tiene visos de hacerlo. Es más, la posibilidad de que la concesión de ayudas prescriba es un hecho que los afectados no están dispuestos a asumir. El impago afecta a 50.000 familias y asciende a 250 millones de euros.
La Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana tenía sus esperanzas puesta en la ronda de consultas a las consellerías iniciada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Sin embargo, la respuesta de Fabra tras su encuentro con la conselleria que tramita las ayudas en cuestión ha sido que el Consell "va a hacer todo lo posible para ayudar a los ciudadanos a resolver sus verdaderos problemas, como disponer de una vivienda en condiciones dignas". Ninguna mención a la deuda de 250 millones ni a las 50.000 familias afectadas.
La "desilusión" de la plataforma es "evidente" pero los afectados no piensan quedarse de brazos cruzados. Por ello, la entidad ha solicitado una entrevista con la consellera Isabel Bonig para exigirle "un calendario real de pagos, que evite la prescripción de las ayudas y que garantice que no se va a desahuciar a ninguna familia de su hogar".
Pero ahí no queda la cosa. El próximo lunes, la Plataforma de Afectados Ayuda a la Vivienda presentará una reclamación colectiva en la conselleria.
Limitaciones sin nada a cambio
"En plena burbuja inmobiliaria nos vendieron las viviendas a precios desorbitados a pesar de ser VPO y, de esta forma, nos obligaron a asumir préstamos con diferenciales exagerados. Al ser vivienda protegida tenemos limitaciones para vender o alquilar nuestras casas y cambiar nuestra situación. Sin embargo, a cambio de tanto agravio, nos han concedido unas ayudas que o no llegan o se pretenden eliminar", resumen desde la plataforma.
