once años después

Ni huerta, ni barracas, ni vida, ni ZAL en La Punta

El área de servicios para empresas portuarias lleva urbanizada una década, pero sigue sin vender ni una parcela. Los vecinos desalojados recuerdan que nada de lo prometido se ha cumplido

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Lo que hoy es la ZAL del puerto
Lo que hoy es la ZAL del puerto  josé aleixandre
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MÓNICA ROS VALENCIA Las máquinas excavadoras entraron en los campos de huerta de La Punta el 1 de julio de 2002, y con ellas, los derribos de casas, alquerías, parcelas y barracas centenarias.La recuperación urbana de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia se vendió como un proyecto urgente y necesario, como una infraestructura estratégica que aseguraba la continuidad de la cadena de transporte para las empresas ya ubicadas en la Comunitat Valenciana y para aquellas compañías que proyectaban un centro de distribución intermodal en el Mediterráneo.
Pero esos 683.000 metros cuadrados que precisaba el proyecto eran de 620 personas que vieron cómo sus casas se convertían en escombros tras expropiarles los terrenos y prometerles un realojo que tardó ocho años en llegar.

El 36 % de los afectados aceptó un convenio que fijó las expropiaciones a razón de 5.000 pesetas por metro cuadrado. Una cuantía que consideraron razonable si se tiene en cuenta el precio inicial de 200 pesetas que figuraba en el documento oficial de la Conselleria de Obras Públicas. Otros vieron como sus casas de 400 metros cuadrados se expropiaron por 52 euros, a precio de suelo rústico. Los menos, aunque los más afortunados, cobraron 711 euros por metro cuadrado. A día de hoy, hay quien aún no ha cobrado. La gran mayoría tiene las cuestiones pendientes de cobro en manos de sus abogados, y todos se enervan cuando, once años después de los derribos, doce desde que se anunciara el proyecto, y 18 desde que empezara a fraguarse, ven que el lugar donde estaban sus viviendas se ha convertido en un solar gigantesco donde ya no queda ni la última alquería protegida, que aguantó un tiempo en la zona (hasta que se derrumbó por falta de mantenimiento) como la única muestra de lo que antaño fue la huerta de La Punta.

Y es que la ZAL portuaria impulsada en 1994 se terminó en 2006, pero está inoperativa porque sigue sin venderse ni una parcela. Y eso que los trámites burocráticos que mantenía el proyecto bloqueado ya están resueltos. Y eso que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) inyectó 50,9 millones de euros hace dos años para que la sociedad filial Valencia Plataforma Intermodal Logística (que explota la ZAL) pudiera controlar el recinto, urbanizado hace ya más de una década con una inversión de más de tres millones de euros.

El Puerto de Valencia, sin embargo, insiste en las múltiples gestiones que está realizando para atraer la actividad. Y ni con esas. Nada hay en una ZAL que consta de 683.000 metros cuadrados de superficie total, de los que 309.865 corresponden a suelo destinado a actividades logísticas. Hoy, parcelas de tierra, matorrales y piedra „atravesadas por la autopista del Saler„ ocupa lo que antaño fue huerta, viviendas y vida. La vida de unos vecinos que cambió de forma radical a finales del año 2000, cuando la empresa creada para gestionar la ZAL notificó la ocupación de suelo a los dueño de los terrenos. Y lo hizo empleando la vía de urgencia para obtener la tierra, lo que impedía a los propietarios negarse a la ocupación. Había prisa por convertir el puerto de Valencia en el referente del tráfico de mercancías del Mediterráneo.

¿Y qué fue de los vecinos que fueron expropiados? La teoría estaba clara, pero la práctica fue bien diferente. La Autoridad Portuaria les prometió 151 viviendas unifamiliares en la otra parte de las vías del tren, 76 en la primera fase y 75 en la segunda. Solo están construidas y habitadas las de la primera fase y no en todas residen realojados de La Punta ya que muchos vecinos no pudieron costear los 120.000 euros que costaba la adquisición de una de estas «casa de poble». Y es que, tras la expropiación, el compromiso fue el de reubicarlos en la zona, pero no a cambio de sus tierras o sin pago alguno. Los que allí viven pagan religiosamente sus hipotecas. Como quedaron viviendas desocupadas, el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) decidió subastar las casas. Por ello, en la zona también residen vecinos que nada tienen que ver con las expropiaciones y que han pagado por sus viviendas protegidas hasta 150.000 euros. Pero, además, las casa previstas para albergar a los realojados tardaron años en llegar. Los derribos se iniciaron en 2002, pero la entrega de llaves a los afectados no se produjo hasta 2007. Y ahí no quedó la cosa. Hasta un año después (febrero de 2008) los vecinos de La Punta no pudieron regresar a la pedanía.

Los compromisos que adquirió la Autoridad Portuaria con los afectados también pasaban por conseguirles un empleo y pagar el alquiler de las viviendas que ocuparan hasta que pudieran ocupar las «casas de poble» del realojo. Sin embargo, el pago rondó los 180 euros al mes, según los afectados, una cuantía insuficiente para una época de burbuja inmobiliaria donde los arrendamientos «no bajaban de los 400 euros».

Ni ruidos ni recuerdos
Cinco de las 70 hectáreas de huerta que se ocuparon para la ZAL se reservaron para construir las viviendas de los expropiados. Las 76 viviendas de la primera fase se dividen en seis calles donde no se oye un alma. Las casa son «de poble», verdes, con patio interior, pero no hay resquicio alguno de la vida de huerta que antaño protagonizaron esos mismos vecinos.

Para la mayoría de los residentes del bloque de viviendas unifamiliares conocido como el de «los expropiados de la ZAL» hablar de los derribos, de los desalojos, de las expropiaciones y de los realojos es recordar, once años después, «el dolor, la angustia, la depresión, la impotencia y la injusticia» de una situación que aún no está resuelta. Y es que la gran mayoría aún está peleando «una indemnización decente por todo el mal que nos han hecho».

Seis años pagando alquiler hasta la entrega de llaves
La Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) „dependiente del Ministerio de Vivienda„ fue quien expropió las 70 de las 65 hectáreas de huerta para la ZAL. Las cinco restantes se reservaron para construir las viviendas del realojo. El convenio suscrito en el año 2000 por el Sepes y la Generalitat Valenciana obligaba a la administración autonómica a «garantizar» el derecho del realojo de los expropiados y, por tanto, ca construir las viviendas. Sin embargo, las casas se construyeron si que el Sepes hiciera efectiva la segregación de las parcelas residenciales y su venta a la Generalitat. Hasta que ese momento llegó, los vecinos vivieron de alquiler, o con familiares, donde pudieron o quisieron. Y es que solo cuatro vecinos aceptaron el realojo en viviendas del Ivvsa en Algemesí, Silla, El Puig o Paiporta ya que la mayoría no quería residir a tantos kilómetros de La Punta y prefirió pagar arrendamientos privados en las pedanías cercanas. m. ros valencia

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