Estas últimas semanas se están viendo en Valencia imágenes y reivindicaciones que nunca antes se habían producido: vecinos reclamando, no un polideportivo para el barrio, sino la reapertura del que habían cerrado. Eran los vecinos de San Marcelino y el complejo clausurado el de la Rambleta, que lleva ocho meses fuera de servicio porque la empresa concesionaria lo abandonó y la Fundación Deportiva Municipal (FDM) no consigue otra empresa que se haga cargo de él.
El problema, además, no se queda ahí porque con estas reivindicaciones se están defendiendo los derechos de un barrio y se está dando también la voz de alarma. La Rambleta no es el único complejo deportivo de gestión indirecta que acumula problemas. Hay empresas que tienen dificultades para salir adelante y hay serias complicaciones para adjudicar algunos complejos recién construidos.
Por cuadrar el marco en el que nos movemos, hay que precisar que el Ayuntamiento de Valencia tiene 114 instalaciones deportivas, entre ellas 17 campos de fútbol, siete piscinas, nueve pabellones y 16 polideportivos, amén de instalaciones tan señeras, como la Fonteta o el velódromo Lluís Puig.
Modelos de gestión
Para la gestión de todas estas instalaciones se utilizan tres modelos distintos. Con la fórmula de gestión directa se administran 68 complejos, 61 de los cuales son instalaciones deportivas elementales (IDES), es decir, canchas de acceso libre. Luego está el modelo de gestión indirecta con cesión a clubes y federaciones deportivas, que se aplica a los 17 campos de fútbol y a otras 18 instalaciones de todo tipo. Finalmente, hay 11 centros cedidos a empresas privadas, los más atractivos desde el punto de vista económico y ahora los que más problemas están teniendo. Pasada la época de bonanza, a muchas concesionarias empiezan a no salirles las cuentas.
El caso más extremo es el de la Rambleta, polideportivo de San Marcelino que fue cerrado hace ocho meses después de que el ayuntamiento rescindiera el contrato a la UTE Inserai-Serdepor por no pagar su canon de 24.000 euros anuales en los últimos cinco años. Una de las empresas había quebrado y arrastró al grupo. Pero es que, además, ocho meses después, el ayuntamiento ha tenido que ir a la fórmula del procedimiento negociado porque no hay empresas que quieran hacerse cargo de las instalaciones.
También la adjudicataria del polideportivo de Torrefiel ha tenido problemas económicos y ha sido necesario volver a adjudicarlo en un mismo paquete con el de Malilla, que es una de las joyas construidas con fondos del Plan Zapatero y ha resultado suficientemente atractivo a la iniciativa privada. La apertura podría ser en el mes de abril.
Y hay varias empresas más que demoran o no pagan el canon. Según las cuentas no desmentidas de Esquerra Unida, en los años 2010, 2011 y 2012 la Fundación Deportiva Municipal debía haber ingresado 1.117.222 euros y sólo había recibido 762.392.
Futuro inmediato
Finalmente, hay que citar complejos como el de las naves de la Cros, que está teniendo una puesta en marcha complicada, con una empresa que ha dejado inacabadas las obras y un pliego de condiciones que obligará a la nueva concesionaria de la gestión a acabar lo inacabado, lo que dificulta su arranque.
Y si nos referimos a un futuro más lejano, los proyectos en marcha no acaban de arrancar por problemas económicos de las administraciones implicadas. Es el caso de Nou Moles, que al desaparecer el equipo de baloncesto femenino Ros Casares y descender el Waterpolo Turia puede ver reducidas sus instalaciones y tener dificultades para su adjudicación.
Para paliar o evitar estas situaciones, el Ayuntamiento ha decidido rebajar el precio que pagan las adjudicatarias. Ya en el concurso de Malilla-Torrefiel se ha bajado el canon y se ha ampliado la concesión, un modelo que se mantendrá en el futuro.
¿Hay que cambiar?
Pero ¿es ésta la solución? ¿No será un problema de modelo? ¿No serían mejor fórmulas transitorias o definitivas de municipalización, de incorporación al que es, por otra parte, el modelo más común, la gestión directa?
Cristóbal Grau, concejal de Deportes y presidente de la Fundación Deportiva Municipal, no lo cree necesario. Asegura que el modelo de gestión indirecta funciona y que el caso de la Rambleta es único. Lo que ocurre, a su juicio, es que «el sector deportivo, como otros, está teniendo dificultades», porque «la factura energética ha subido muchos en los últimos años, también ha subido el IVA y ha habido un descenso en el consumo».
De hecho, para afrontar esta situación el ayuntamiento ha decidido cambiar las condiciones de las adjudicaciones, trata de hacerlas más fáciles y atractivas. Según Grau, se ha ampliado de 15 a 25 años la duración del contrato y se fijará un canon del 1% de los ingresos para todos los casos. Ahora había un canon fijo y además un canon variable según lo que facturara cada empresa. De todas formas, el concejal recalcó que de 114 instalaciones hay 11 en manos privadas, lo que significa que el conjunto es público y funciona bien. No hay ningún problema, pues, en mantener los tres sistemas de gestión que se utilizan. «En estos casos „se refiere a algunos polideportivos„ se ha complicado la cosa, pero estamos muy encima y se está manteniendo bien, con la única excepción de la Rambleta», destacó.
En la oposición, sin embargo, hay opiniones contrarias, aunque no coincidentes. El Grupo Municipal Socialista «no está en contra de la gestión indirecta», dijo el concejal Félix Estrela. No hay ningún problema en que sea una empresa privada la que gestione unas instalaciones deportivas «si eso no perjudica al servicio», precisó. Únicamente en caso de que sea así debería recuperarse la concesión y ocuparse de ella, aunque fuera temporalmente, la Fundación Deportiva Municipal, «que para eso se creó». En el caso concreto de la Rambleta está claro. Los socialistas ya pidieron al ayuntamiento que abriera las instalaciones al barrio aunque fuera bajo su gestión. «Al menos en estos casos deberían asumir su responsabilidad», añadió Estrela.
Dinero a manos privadas
Más contundente fue Rosa Albert, concejala de Esquerra Unida, el único grupo partidario de que toda la gestión sea directa, subrayó la propia edil. «Son millones de euros los que se están poniendo a disposición de las empresas privadas», constató de inicio, porque «aunque se cobra un canon, ahora no se paga». «Las concesionarias están abandonando y las infraestructuras se están haciendo polvo», dijo la concejala, quien asegura que el caso de la Rambleta «es el colmo, pues el ayuntamiento va a poner ahora 150.000 euros para los desperfectos y luego lo volverá a regalar a una empresa».
A juicio de Rosa Albert, el equipo de Gobierno debería resolver los contratos que se incumplen y «no hay mayor incumplimiento que no pagar el canon estipulado». Luego, debería ser la Fundación la que se hiciera cargo de la gestión y de los trabajadores, así como del cobro de las tasas. «Esto no hay que hacerlo sólo por dinero, hay que hacerlo por responsabilidad social», dijo.
Castillo introduce la iniciativa «popular» y el cierre de algunas instalaciones
Consol Castillo, concejala del grupo Compromís, admite que la gestión de los centros deportivos de Valencia es un asunto «complejo», porque cada caso es diferente y requiere de unas atenciones. Para empezar, opina que habría que hacer un estudio pormenorizado de las instalaciones y analizar caso por caso para asignarle distintos modelos de gestión, incluida la gestión popular. Consol Castillo cree que algunos polideportivos podrían ser administrados por cooperativas de trabajadores e incluso por asociaciones de vecinos. «Ellos son los que mejor conocen los barrios y sus necesidades», dice. Introduce, así mismo, un elemento que nadie se atreve a reseñar, que es el exceso de instalaciones deportivas, al menos en alguna partes de la ciudad. «Aquí todos queremos un polideportivo a las puertas de casa y eso no puede ser, no es rentable», dice. Es más, cree que habría que aprovechar mejor los que ya existen, cerrando algunos de ellos, aunque fuera de forma alternativa, y poniendo autobuses lanzadera para trasladar a los vecinos. De todas formas y a la espera de que se hicieran esos estudios pormenorizados, la concejala de Compromís cree que en casos concretos como el de la Rambleta se podría devolver la gestión a la Fundación Deportiva Municipal.
