La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicealcalde, Alfonso Grau, volvieron ayer a desmarcarse de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), entidad que preside Grau, tras difundirse un informe del Tribunal de Cuentas que considera que TVCB debería ser considerada una entidad del sector público". Esta condición le obligaría a someterse a la ley de contratos de la administración pública que obliga a convocar concurso público en las contrataciones, algo que no se cumplió en los contratos del Valencia Summit.

Alfonso Grau admitió y justificó las adjudicaciones "a dedo" de TVCB en el escrito que remitió al juez del caso Nóos, en el que está imputado Iñaki Urdangarín. El argumento del ayuntamiento para evitar responsabilidades en los contratos con el Instituto Nóos, que se embolsó más de dos millones de euros por la celebración de tres ediciones de Valencia Summit, es que la fundación de turismo es una entidad privada que el gobierno local no controla.

La alcaldesa insistió ayer en este argumento y se remitió al informe de la Intervención General del Estado de 2010 que establece que "dada la mayor ponderación de los votos del sector privado en la toma de decisiones, la fundación [Turismo Valencia] pasará a considerarse en contabilidad nacional, una unidad institucional bajo control privado".

Alfonso Grau, por su parte, aseguró que el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas y la Intervención General del Estado consideran que Turismo Valencia es una fundación privada". Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas, fechado en febrero de 2012, establece que Turismo Valencia "no se constituye mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valencia siendo junto con él socios fundadores la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial y Feria Valencia, si bien más del 80 % de los ingresos anuales se aportan por el consistorio de Valencia".

Según ha podido comprobar este diario, en el apartado de recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas se establece que "con independencia de su auténtica naturaleza jurídica, las entidades constituidas como fundaciones, bien con aportación dotacional mayoritaria de los entes locales o con representación mayoritaria de estos en sus patronatos [...] deberían ser consideradas como parte del sector público local".

La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia también ha criticado en varias ocasiones los contratos realizados a través de las fundaciones, en la mayoría de las veces, por haberse realizado sin mediar concurso público.