La ordenanza municipal de prostitución de la ciudad de Valencia, que prevé multar hasta con 2.000 euros a los clientes que soliciten servicios sexuales mientras que no contempla la aplicación de sanciones a las personas que ejerzan la prostitución, ha dado un paso más hacia su entrada en vigor con su aprobación en la Comisión de Progreso Humano del Ayuntamiento, con los votos de PP y PSPV.
Según fuentes municipales, esta propuesta ha salido adelante pese a la oposición de los representantes de Compromís y EUPV e irá al pleno municipal del próximo viernes.
De acuerdo con el texto de la ordenanza que aprobó en marzo la Junta de Gobierno Local, contempla multas de ente 1.001 a 2.000 euros para las infracciones muy graves, entre las que figuran ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos (aunque sea en el interior de un vehículo) en el espacio público o publicitarlos a menos de 200 metros de centros educativos o parques infantiles. Las infracciones graves se sancionarán con multas de 301 a 1.000 euros y las leves con un máximo de 300 euros.
Aunque en la descripción de las infracciones se habla de actitudes como "la realización de cualquier acto de exhibicionismo, proposición o provocación de carácter sexual en espacios públicos, que no constituya ilícito penal, encaminado a la captación de clientes", el artículo 3.2 aclara que "ninguna de las conductas descritas estarán referidas a las personas que ejercen la prostitución a efectos sancionadores".
El fundamento de la ordenanza, según recoge el texto, es "preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en espacios de dominio público, mantener la convivencia, garantizar el libre acceso de los ciudadanos a los espacios públicos y prevenir la explotación de determinados colectivos".
Por ello, se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar y/o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas supongan excluir o limitar la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público.
Están "especialmente prohibidas" estas conductas cuando se realicen en espacios públicos situados cerca de centros docentes y parques, al igual que mantener relaciones sexuales retribuidas en el espacio público, aunque tengan lugar en el interior de un vehículo.
También se prohíbe la realización de cualquier acto de exhibicionismo, proposición o provocación de carácter sexual en espacios públicos, que no constituya ilícito penal, encaminados a la captación de clientes, así como las conductas, que bajo la apariencia de prostitución, obstaculicen o impidan el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos coaccionando y/o acosando a los viandantes.
Del mismo modo, se prohíbe la promoción de servicios sexuales en todos los soportes publicitarios existentes en el término municipal de Valencia, bien sean de titularidad pública o privada, así como en todos los medios de transporte urbano.
El texto agrega que los agentes de autoridad requerirán a los presuntos infractores para que cesen en su conducta, advirtiéndoles de que las mismas están prohibidas y de que, de persistir en su actitud, además de denunciar su conducta, podrían incurrir en la infracción de desobediencia. Si con posterioridad los agentes observaran a las personas requeridas realizando alguna de las conductas prohibidas, procederán a denunciar al presunto infractor.
Finalmente, señala que el Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, "informará y ayudarán a toda persona que ejerza el trabajo sexual en el término municipal y quiera abandonar su ejercicio".
PSPV QUIERE INCLUIR UN PLAN DE ACCIÓN SOCIAL
En un comunicado, la concejala socialista Anaïs Menguzzato ha señalado que su grupo "sigue trabajando" para que la ordenanza de prostitución que se aprobará este viernes en el pleno incluya "un plan de acción social para atender a las mujeres prostituidas".
Además, indica que esperan que la ordenanza sea "una herramienta que mejore la situación del barrio de Velluters para los vecinos y comerciantes de la zona" y remarca que su intención es "actuar sobre la raíz del problema, siendo realista y apostando por soluciones aún sabiendo que lo cómodo y lo fácil era mirar hacia otro lado".
Por su parte, la edil de Esquerra Unida Rosa Albert mantiene que esta ordenanza "supone el triunfo de la hipocresía y del estado policial" y lamenta que el documento" no contemple medidas de inserción sociolaboral para las mujeres víctimas de la prostitución".
En un comunicado, reprueba que "no sólo se ha prescindido de los colectivos sociales que trabajan con estas mujeres, sino también de la totalidad de los grupos de la oposición", al haber "sido pactada entre el PSPV y el PP".
EUPV VOLVERÁ A PRESENTAR ALEGACIONES
Esquerra Unida volverá a oponerse en el pleno a esta ordenanza y planteará alegaciones durante la fase de exposición al público, como ya hizo con el borrador, para solicitar la retirada del texto y la convocatoria de una mesa técnica con participación de los servicios municipales implicados, grupos políticos, organizaciones que trabajan con estos colectivos y entidades vecinales para "consensuar un texto en el que se reconocieran todas las partes implicadas".
Por otro lado, Albert valora que se haya anunciado en la comisión que, en breve, está previsto que se ponga en marcha el II Plan de Acción Social, dotado ya de memoria económica, pero lamenta el rechazo por parte del equipo de gobierno de la moción en la que su grupo solicitaba que se introdujera una adenda al convenio con la Generalitat para que el Ayuntamiento incorporara su parque de viviendas municipales destinadas a "familias que son desahuciadas".
