La cesión de la Marina Real Juan Carlos I a la ciudad ha obligado a la Autoridad Portuaria de Valencia y al Consorcio Valencia 2007 a renegociar el canon que este organismo pagaba al puerto por el uso y explotación de los terrenos. Durante la cesión provisional de la marina el canon se estableció en cinco millones de euros. Tras la cesión gratuita -adjetivo en el que todas las administraciones han insistido- de la dársena a la ciudad la cifra de canon que se baraja ahora sería de 1,8 millones de euros.
La exigencia del canon por parte de la APV viene motivada porque los terrenos cedidos a la ciudad se circunscriben únicamente al anillo de la dársena interior, unos 158.000 metros cuadrados de la marina real que, incluida la lámina de agua, suma un millón de metros cuadrados. Los terrenos y espacios que hay a partir del Veles e Vents, en el canal y la marina exterior siguen siendo propiedad del puerto, aunque inicialmente se incluyeron, junto con los muelles de Levante y Poniente donde Rita Barberá proyecta viviendas, en el ambito de cesión pactado en 2004 con el Gobierno socialista.
Otra de las fuentes de ingresos que espera tener el Consorcio es el alquiler del Veles e Vents, que sí forma parte de los bienes cedidos a la ciudad. La idea de Valencia 2007 sería licitar el conjunto del edificio para la celebración de eventos y congresos.
