El semáforo de la avenida del Cid al que se le ha colocado una cámara para fotografiar a los coches que se saltan el disco en rojo ha puesto multas por valor de 100.000 euros en apenas cuatro meses, lo que da una idea de la rentabilidad de los seis dispositivos de estas características que van a ir rotando por toda la ciudad y que van a ser colocados por una empresa privada a cambio de un porcentaje de las sanciones. Precisamente por ello, en un intento de evitar suspicacias, ayer el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, explicó que la gestión de estos semáforos y de los radares de velocidad que entrarán en el mismo plan correrá a cargo de la Policía Local y no de esa empresa.
Por lo pronto, el semáforo en pruebas que funciona en la Avenida del Cid arroja unos datos espectaculares en cuanto a actividad y recaudación. En lo que va de año ha impuesto 464 multas por pasarse el disco en rojo, multas cuya cuantía mínima es de 200 euros más 4 puntos del carné de conducir. Eso equivale a unos cien mil euros de ingresos en apenas cuatro meses, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que se trata de un único dispositivo y que en la campaña de semáforos realizada por la DGT a finales del año pasado en toda España, con cientos de miles de dispositivos en observación, se impusieron 3.400 multas.
En Valencia, además, la previsión es colocar inicialmente -luego podrá ampliarse- seis de estas cámaras y otros tantos radares de velocidad en toda la ciudad, siempre en puntos de especial peligrosidad o avenidas de gran capacidad. Y para que la gente no termine detectando estos dispositivos y frenen rutinariamente, la idea es ir cambiándolos de sitio permanentemente y dejar incluso cajas vacías en algunos de ellos para que continúen haciendo su labor disuasoria, explicó Domínguez.
Eliminar suspicacias
El concejal, no obstante, quiso ayer eliminar suspicacias y aseguró que la empresa privada que instale las cámaras y los radares no será la que gestione esos dispositivos, únicamente pactará con el ayuntamiento el número y el lugar de colocación. Luego esas cámaras, precisó el concejal, irán conectadas directamente con la Policía Local y serán los agentes los que tramiten las multas. Es decir, las empresas ponen los dispositivos y el ayuntamiento la gestión, pagando luego el coste del servicio con un porcentaje de las sanciones, como ocurre ahora con la grúa, que actúa a instancias de la Policía Local y luego cobra el enganche; o bien con un contrato de "renting".
Miguel Domínguez aseguró que no es un sistema recaudatorio ni que trate de beneficiar a una empresa privada. Tampoco que el servicio se vea viciado por el más que lógico interés de la empresa en aumentar sus beneficios. "Lo único que queremos es que la gente no se salte los semáforos y que el ayuntamiento no tenga que pagar ni un euro", insistió
El concejal precisó, así mismo, que la empresa que se adjudique este contrato pondrá tanto las cámaras de los semáforos como los radares de velocidad. Y aunque en principio se pretende instalar media docena de cada uno de estos dispositivos, el número podría ampliarse más adelante.
