Es, dicen los administradores de fincas, uno de los primeros pagos mensuales que dejan de hacerse. No abonar los gastos de comunidad, que en Valencia suele ser trimestrales, es cada vez más una de las opción elegidas por los vecinos de toda la C. Valenciana que prefieren ahorrar dejando de pagar los 70 u 80 euros al mes que suelen costar estos gastos. Ello aboca a muchas comunidades a situaciones complicadas, como cortes de luz que abocan a dejar de usar uno o dos ascensores y despido de empleados como conserjes o personal de limpieza.

Alejandro Simó, administrador de fincas con más de 40 edificios en cartera, explica que en estas fechas el problema es que ya no paga «quien nunca había dejado de pagar». «El problema se da más en barrios de clase media o baja, claro, pero también empieza a verse en fincas en zonas ricas de la ciudad», asegura. Es el caso de puntos como l´Eixample, el entorno de la calle Colón o la plaza del Ayuntamiento o las inmediaciones de las grandes vías.

Vicente Sales, administrador colegiado en el Colegio de Administración de Fincas de Valencia „cuya presidenta, Cruz Zabal, no quiso atender a este diario, que la requirió en varias ocasiones„, explica que el aumento de la morosidad del que hablaba Simó y prácticamente cualquier administrador de fincas viene dado por el aumento del desempleo: «Las familias han visto menguados considerablemente sus ingresos, siendo las cuotas de mantenimiento de la comunidad los primeros gastos ordinarios a los que se deja por atender». Además, apunta al aumento de los gastos de la gestión de la comunidad y, sobre todo, a las promotoras inmobiliarias que, por no haber podido vender todos los pisos, «la comunidad debe de acudir al concurso para reclamar lo que adeudan estas promotoras». Todo ello supone un «incumplimiento económico con los proveedores»: «Se les atiende con un plazo mayor de tiempo en su pago o en ocasiones se producen deudas de muy difícil pago». Sales explica que debido a la morosidad, «las obras de mantenimiento de la comunidad se retrasan en el tiempo, sólo atendiéndose las urgentes, lo que dará lugar a que la falta de mantenimiento con el tiempo obligue a reparaciones mucho más costosas».

De la misma opinión es María Sánchez, administradora de varios edificios en Valencia, que asegura que los administradores están «indefensos» ante los impagos. «Sólo podemos acudir a los tribunales, y la ley de tasas judiciales encarece los procesos, por lo que muchas veces no podemos reclamar los impagos», dice.

Fondos de reserva para afrontar las deudas

Algunas comunidades de vecinos, para evitar problemas por impago, buscan soluciones de emergencia. Miguel Navarro, presidente de la comunidad de vecinos de un edificio en la zona de Velluters, en Valencia, asegura que algunos propietarios «han tenido retrasos, pero son puntuales y se corrigen con prontitud». Para evitar problemas derivados de impagos, esta comunidad tiene «un fondo de reserva» con el que abonar los gastos si algún vecino se retrasa. «Por ahora no hemos tenido ningún problema», reconoce.

En otros edificios se plantean hacerlo. «Pediremos una derrama especial para evitar problemas que ya hemos tenido porque alguien no ha pagado cuando le tocaba», dice Francisco Gómez, presidente de la comunidad de vecinos en un edificio del Eixample. Á. S. Valencia