Les expropiaron por vía urgente porque el Puerto precisaba de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que atrajera una mayor actividad económica, y con ella más crecimiento y empleo. Pero esos 683.000 metros cuadrados que precisaba el proyecto eran de 620 personas que se opusieron a perder sus casas, a cambiar de vida, a olvidar su tierra y a dejar de cultivar la huerta de La Punta.
Por ello, doce años después, 150 de los afectados por estas expropiaciones se unieron en una asociación con ese mismo nombre -Asociación de Afectados por la ZAL (Afeczal)-, contrataron a un abogado y solicitaron ante el juez que, tras más de una década sin que el proyecto arranque y siga siendo humo, ya es hora de que les devuelvan sus tierras. Es más, la ley contempla que si pasan diez años y no se ha llevado a cabo el plan que estaba previsto, se puede pedir la reversión de los terrenos. Y ya han pasado doce. Por ello, Afeczal mantiene la petición de reversión de los terrenos que solicitó a principios de este año para que la tierra vuelva a distribuirse en parcelas de huerta y deje de ser un polígono fantasma.
Parte de los afectados sigue ahora la lucha, y aunque cansados del proceso, no están dispuestos a rendirse y más si saben que los jueces han fallado por segunda vez, que aquello "que nos hicieron fue ilegal". Y es que el TSJ ha ratificado lo que ya decidió el Supremo en 2009: que la resolución del entonces conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Juan Cotino -por la que se aprobó definitivamente el plan especial modificativo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia, con expediente de homologación, para desarrollar la ZAL- se declara nulo porque es "contrario a derecho".
De esta forma, el tiempo le da la razón a los afectados. Pero con eso se quedan porque la sentencia "no habla de reversión de terrenos, ni de responsables, ni de consecuencia alguna por haber destruido la huerta de La Punta de forma irreparable. Hablan de defectos de forma", afirman los afectados, que no son pocos y además, están divididos en varias entidades. Eso sí, a la gran mayoría, la sentencia les sabe a poco y todos hablan de una "victoria moral" que "de poco nos sirve porque nadie nos va a devolver nuestras casas ni nuestra vida en La Punta". Al menos, hasta que otro juez decida si los afectados tienen derecho o no a volver a disponer de la tierra que les quitaron.
Y es que la oposición que protagonizaron en su día sirvió de poco porque los derribos se llevaron a cabo. Y punto. A pesar de las 116.000 firmas que recogieron los vecinos. A pesar de tener que desalojar a muchos de los residentes por la fuerza.
Un solar urbanizado desde 2006
Las máquinas excavadoras entraron en los campos de huerta de La Punta el 1 de julio de 2002 y lo arrasaron todo. Cuando la zona se convirtió en un solar gigantesco entraron otras máquinas para urbanizar la zona y distribuir el terreno en parcelas y construir las calles, aceras y farolas gracias a una inversión de 3 millones de euros. Y así lleva desde 2006. Y es que la ZAL está inoperativa, simplemente, porque no se vende ni una parcela, a pesar de la insistencia de la Autoridad Portuaria en asegurar que el proyecto es "necesario" y "prioritario".
Sin embargo, no hay movimiento ni visos de que exista en un breve espacio de tiempo. Y los afectados, aquellos que salieron de sus casas deprisa y corriendo -casi con una mano delante y otra detrás porque el proyecto era "urgente" y ello implicaba que no podían negarse a la ocupación- sienten que les arden las entrañas de rabia cuando ven el solar, sin vida y lleno de matorrales.
