Un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatido el martes en la eurocámara responsabiliza al Puerto de Valencia de la regresión de la playa del Saler que amenaza con tragarse las casas de la urbanización de la Casbah.
El informe de la presidenta de la misión de eurodiputados que visitó España en marzo para comprobar sobre el terreno las quejas de los afectados de la ley de Costas, la eurodiputada liberal austríaca Angelika Werthmann, hace suyas las quejas de los vecinos valencianos. Así apunta que "como resultado de la ampliación del puerto de Valencia y de la supresión de las dunas de arena, las casas del Saler [en alusión a la Casbah] pueden ser inundadas, confiscadas y destruidas".
La urbanización de la Casbah fue construida en los años 70, antes de que la Devesa y la Albufera fueran declaradas parque natural. La línea de costas quedaba entonces delante de sus casas que tenían enfrente una extensa playa de la que ahora apenas quedan unos metros.
Los vecinos, cuyas casas han quedado ahora dentro del deslinde como consecuencia de la desaparición de la playa, denuncian la connivencia del Ayuntamiento de Valencia con la Dirección General de Costas y la APV a la que reclaman que lleva a cabo la regeneración de la playa del mismo modo que va a hacer en las Arenas y la Malva-rosa, afectadas por la reciente ampliación norte del puerto.
El informe de los eurodiputados recoge las quejas de los propietarios de la playa de Santa Pola que, en aplicación de la ley de Costas, perdieron sus casas mientras los bares y restaurantes han podido permanecer. En Valencia, el ayuntamiento ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos de la playa. "En cambio, a nosotros nos ha abandonado", apunta una propietaria de la Casbah, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la ley de Costas.
El informe, cuya votación se ha aplazado, en parte debido a las presiones del PP, hasta septiembre, considera la reforma de la ley de Costas del Gobierno de Rajoy insuficiente y plantea "fuertes reservas" al mecanismo compensatorio vía concesiones, que con la reforma se alargan hasta 75 años.
En sus recomendaciones, el informe insta al Gobierno español a "establecer un esquema completo y justo de compensación financiera para los propietarios legales de propiedades cuyos hogares puedan ser objeto de demolición o expropiación por la ley de Costas". Propone que los registradores de la propiedad informen de la situación legal de las viviendas de la costa e insta a perseguir a los agentes privados y autoridades públicas que hayan propiciado las construcciones ilegales en la costa. Los eurodiputados recomiendan mayor celeridad al sistema de justicia español puesto que los "retrasos en la justicia son una injusticia inaceptable".
