Independientemente de que la sentencia del Tribunal Supremo tenga incidencia o no en el Plan del Cabanyal, lo que parece claro y así lo admiten todas las partes, es que incidirá en los planes urbanísticos del futuro multiplicando el precio de determinadas expropiaciones. El portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, explicó que en Valencia quedan por expropiar 430 solares 1,7 millones de metros cuadrados destinados a equipamientos y zonas verdes, cuyo coste ahora sería desorbitado, un problema, admitió, para las arcas municipales y el interés de los vecinos que necesitan esos equipamientos. Así pues, anunció iniciativas políticas para cambiar el Plan General de 1988, que sólo permite la adquisición de suelo dotacional a través de las expropiaciones, y buscar otras alternativas de compra que resulten menos nocivas para las arcas municipales. Amadeu Sanchis también precisó que esta sentencia no puede aplicarse con carácter retroactivo salvo que haya algún proceso judicial en marcha que le afecte directamente. Tanto Sanchis como José Luis Ramos creen, en cualquier caso, que el ayuntamiento no ha recurrido a las expropiaciones en el Cabanyal «todo lo ha comprado», dicen temiendo a este reglamento. Y es que a partir de ahora cualquier propietario que vaya a ser expropiado sabrá a qué atenerse a la hora de reclamar un precio, sin necesidad, precisaron, de que recurra a los tribunales de justicia. La sentencia del Tribunal Supremo es firme y debe aplicarse directamente en todos los casos, dicen.