Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia acusa al ayuntamiento de "enriquecimiento injusto por valoración desproporcionada" tras unas obras de rehabilitación de un edificio en la calle Luis Santángel en el barrio de Russafa.
La sentencia exonera a la comunidad de propietarios del número 7 de pagar los 12.177,66 euros que el consistorio reclamaba por las actuaciones de emergencia que realizó en el edificio entre 2008 y 2009 ya que, según la sentencia, "la tardanza en la realización de los trabajos", casi un año después de que los Bomberos constataran las deficiencias de la fachada, y que "por ser 'urgentes' habían de ser ejecutadas directamente por la contrata" municipal "son circunstancias que no pueden perjudicar a la comunidad".
La sentencia, en cualquier caso, hace hincapié en ese enriquicimiento injusto que, según el magistrado, llevó a cabo el consistorio. "La cantidad reclamada por esa intervención, aunque tiene el visto bueno de los servicios técnicos municipales, ha sido discutida en todo momento por la recurrente y su impugnación se ha apoyado técnicamente por informe del arquitecto y por la aducida desproporción respecto del presupuesto que propone la comunidad de propietarios", inica la sentencia, que recalca: "Ello respalda razonadamente la pretensión de la asunción directa de la obra por parte de la propiedad".
No era urgente
Esta última frase tiene otra de las claves del caso para el magistrado. Los Bomberos constatan las deficiencias en mayo de 2008. En concreto, se observan "varias zonas agrietadas en los sofitos -la parte inferior de los salientes- de los balcones de la primera y tercera planta, con riesgo de desprendimiento a vía pública" y se procede "al saneado de los balcones". Ese informe añade que se solicita a la contrata municipal la instalación de una marquesina de protección. En marzo de 2009, la comunidad de propietarios pide licencia de obras para instalar la marquesina, pero no recibe respuesta. A mediados de julio de 2008, se colocan las redes y en octubre de 2009, al menos siete meses después de la petición de licencia de obras, el ayuntamiento ejecuta la obra de rehabilitación de la marquesina y pasa la factura.
La sentencia estima el recurso interpuesto por la comunidad de propietarios y se desestima el del ayuntamiento en el que requería el pago de 12.177,66 euros a la comunidad por la rehabilitación. Además, la sentencia condena al consistorio a pagar las cosas del proceso.
