La Auditoría del Ayuntamiento de Valencia relativa a 2012 pone de manifiesto una caída de los ingresos por impuestos, tasas y multas y y un gasto poco ajustado a la ley, lo que ha permitido a la oposición municipal pedir un cambio de rumbo en la política económica y más transparencia en las cuentas municipales. Especialmente preocupante les parece que el 32% del gasto auditado haya merecido algún reparo de la Intervención General.

Según los datos presentados ayer en la Comisión de Hacienda, a lo largo del año 2012 sólo subió la recaudación por el IBI, pues hace dos ejercicios se le aplicó una subida provisional del 10%. Del Impuesto de Vehículos, sin embargo, se facturó un 3,1% menos; del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) un 5,2 % menos; del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) un 11% menos; y de plusvalías un 11%.

A eso hay que sumar una caída también en la recaudación y, por tanto, un aumento de la cantidad pendiente de cobro, que sólo del ejercicio 2012 subía a 39,2 millones y que teniendo en cuenta los ejercicios cerrados ascendía a 43,8 millones. Además, se anuló definitivamente 1 millón de euros por prescripciones, recursos etc.

Para Rosa Albert, concejala de Esquerra Unida, esta "preocupante" situación en cuanto a la recaudación de impuestos es lo que ha llevado al equipo de Gobierno municipal a incrementar la presión fiscal el año que viene. Ayer precisamente pasó también por la Comisión de Hacienda la ordenanza fiscal de 2014 con una subida del Impuesto de vehículos del 2,1% (IPC). Se trataría, dijo Albert, de compensar el 3% que cayó la recaudación el año pasado.

A esta ordenanza fiscal se refirió también el concejal socialista Pedro Miguel Sánchez para insistir en que "la alcaldesa miente cuando dice que Valencia es la ciudad con menos presión fiscal entre las grandes capitales". Según dijo, de las 52 capitales de provincia, Valencia ocupa el puesto 19 en el IBI, el 17 en el IAE, el 4 en el ICIO, el 24 en plusvalías y el 40 en el impuesto de vehículos, de ahí, dijo Sánchez, que hayan decidido subirlo ahora.

A estas acusaciones el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, respondió asegurando que en el caso del IBI los socialistas no tienen en cuenta que en Valencia no se ha revisado el catastro desde hace años y que, por tanto, esa variante juega a favor de los ciudadanos. Recordó, así mismo, que en Valencia se paga menos IAE que en Madrid, Barcelona o Sevilla, y que el impuesto de vehículos, "como reconoce Pedro Sánchez", es de los más bajos de España.

Reparos a la gestión

Por lo que se refiere a la gestión económica, Silvestre Senent se limitó a decir que "el ayuntamiento cumple con la legalidad y además ha mejorado en sus procedimientos". Respondía así a lo que Rosa Albert calificó de auténtico "varapalo" de la Intervención General a los gestores municipales. Según explicó la concejala de Esquerra Unida, de los 502 millones de gasto que han sido auditados (un 70% del presupuesto total), 164 (32%) había merecido un reparo de los técnicos, bien por tratarse de partidas no presupuestadas o no cumplir las normas de libre concurrencia. En el caso de los servicios normales, el 43% han merecido reparos, mientras que en las subvenciones esas supuestas irregularidades afectaría tan sólo al 3,1%.

Buena parte de estas observaciones tiene que ver con los habituales reconocimientos extrajudiciales de crédito o pago de facturas en los cajones -ayer se aprobó el cuarto del año por 1,8 millones de euros- y las modificaciones de crédito, la cuarta de las cuales se aprobó también ayer con 6,5 millones de montante global. Según datos de Pedro Sánchez, se quitan 3,1 millones de personal, 367.700 euros de gasto corriente y 3 millones de gastos financieros para pagar, por ejemplo, la factura de la luz, cuyo presupuesto anual se ha agotado en el mes de agosto.

La propia auditoría advierte de que las facturas en los cajones pueden obligar a elaborar un nuevo Plan Económico y Financiero, algo que Senent descarta por tratarse de un ayuntamiento con superávit.

Factura de la luz

Hablando de energía eléctrica, el grupo Compromís denunció ayer que han vuelto a aparecer facturas de electricidad pendientes de pago por valor de 1,5 millones de euros. El portavoz de esta formación, Joan Ribó, cree que el consistorio es incapaz de parar "la sangría" del gasto eléctrico y advierte de una circunstancia por la que pide explicaciones al equipo de Gobierno. Según dice, en esa factura de 1,5 millones se cobra el kilovatio a 1 euro, "un coste incomprensible cuando los ciudadanos pagábamos en septiembre de 2012 0,15 euros el kilovatio y en otras facturas del ayuntamiento el coste oscilaba entre 0,11 y 0,14 euros. ¿Cómo es posible que el ayuntamiento pague por la luz siete veces más que el precio oficial?, se pregunta Ribó.

Una de las partidas que juegan un papel primordial en los presupuestos municipales es el de las multas y por lo que se refiere a 2012 el balance que puede hacerse arroja luces y sombras. Por ejemplo, las sanciones de tráfico impuestas suman 29,4 millones de euros, un 10,3 % más que el año anterior, y la recaudación fue de 10,6 millones de euros, el 26,5 % más que en el ejercicio precedente. El problema es que sigue habiendo 18,7 millones sin cobrar y que si se cuentan ejercicios anteriores cerrados esa cantidad sube a 22,3 millones. En el caso de las multas por las diferentes ordenanzas municipales, el montante global impuesto bajó un 7,4 % y además se dejó de cobrar la inmensa mayoría de esa cantidad. De 2 millones se percibieron 322.112 euros, por lo que quedan pendientes 1,7 millones. En cuanto a las tasas y precios públicos, destaca el descenso de recaudación de la grúa un 12 % y de las actuaciones urbanísticas un 10 %.