La decisión del Gobierno de no mantener el pulso jurídico contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en torno al plan especial del Cabanyal pone fin a un largo conflicto institucional y abre la puerta a la aspiración municipal de prolongar hasta el mar la avenida Blasco Ibáñez.
El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la retirada del recurso contra la Ley de la Generalitat Valenciana 2/2010 del 31 de marzo, aprobada con el fin de dejar sin efecto la Orden Ministerial que paralizaba el plan del Cabanyal.
Aquella orden ministerial, publicada en el BOE el 8 de enero de 2010, consideraba como un expolio al patrimonio histórico y cultural el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Prepi) del Cabanyal e indicaba que el Ayuntamiento de Valencia debía proceder a su suspensión inmediata "en tanto se lleve a cabo una adaptación que garantice la protección de los valores históricos" que motivaron la calificación de éste como Bien de Interés Cultural en 1993.
Con esa orden, el ministerio evitó que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar destruyera la trama urbana del Cabanyal, un barrio de pescadores de la ciudad de Valencia con una arquitectura propia de baja volumetría.
Fue una orden dictada por la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde, contra la que el Ayuntamiento y la Generalitat llegaron a presentar una querella por un supuesto delito de prevaricación, si bien el Tribunal Supremo desestimó esta querella al entender que los hechos denunciados no constituían delito alguno.
La misma suerte corrió el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia contra esa orden del Ministerio de Cultura, ya que una sentencia de la Audiencia Nacional confirmó posteriormente la legalidad de la misma.
No obstante, la batalla judicial continuaba y ya en julio del año pasado el Ayuntamiento de Valencia anunció que iba a interponer un recurso de casación contra esa sentencia de la Audiencia Nacional.
Previamente, la Generalitat, bajo la presidencia de Francisco Camps, aprobó un decreto-ley que daba amparo a las actuaciones del Plan del Cabanyal, que se justificaba en la competencia que le atribuye su Estatuto de Autonomía en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone la Constitución al respecto.
Ante esta decisión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la esta ley de la Generalitat al entender que "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico".
Un recurso del que hoy el Gobierno ha decido desistir tras llegar a un acuerdo con la Generalitat por la cual ésta se compromete a derogar la citada ley y buscar junto a la administración local y central una fórmula que permite adaptar el plan del Cabanyal a la protección que tiene otorgada desde 1993.
El plan del Cabanyal contemplaba cuando fue presentado en 1998 la continuación de la Avenida de Blasco Ibáñez con una anchura de 48 metros y preveía un plazo de ejecución de diez años.
Desde su presentación se convirtió en un asunto eternamente enquistado como consecuencia de la colisión de dos posturas, los que abogan por la apertura natural de Valencia hacia el mar con las posibilidades de desarrollo que conlleva, frente a los que sostienen que supone la destrucción de un barrio histórico y abogan por su rehabilitación.
Junto a la prolongación de la avenida, el plan recogía que las edificaciones situadas en los laterales de esta vía tendrían una altura de cinco plantas e incluía una zona dotacional ajardinada, el Parque de la Remonta, así como dos espacios para equipamiento escolar.
En total, englobaba una superficie de 670.000 metros cuadrados de suelo, y sobre 300.000 metros cuadrados de éstos, 180.000 de los cuales son públicos, se llevarán a cabo 61 actuaciones o reservas de suelo.
